“Hubo dos posiciones (una del Senado y otra de Diputados), las dos marcan la protección de los glaciares y del ambiente periglacial. Con las provincias cordilleranas respaldamos el texto del Senado, por un principio de federalismo. Además, en su momento, cuando se trató el proyecto, el presidente del Instituto de Glaciares de Argentina, una de las personas más expertas del país en esta materia, consideró que ambos proyectos protegen a los glaciares y periglaciares.
Por otra parte, el dominio de los recursos es facultad de las provincias y para esto la Nación es la que tiene que dictar el presupuesto mínimo, que anoche lo hicimos. Creo que es un avance federal, aunque seguimos sin tener la administración plena de nuestros recursos.
Las manifestaciones de los mineros salteños se dan porque la norma marca algunas definiciones bastante imprecisas sobre nuestros caminos y zonas de montaña que podrían llegar a considerarse periglaciales. Eso crea un marco de incertidumbre sobre qué tipo de obras se van hacer en la zona de la Puna, por ejemplo. No obstante, ellos tienen que saber que se ha ordenado por ley realizar un inventario en un plazo de un año, pero por la poca capacidad que tiene el sector se habla de cinco. Esto es lo que trae inseguridad... las obras de infraestructura deberán esperar más en Salta. Desde el mismo Instituto han dicho que se viene una tarea titánica para lo cual no cuentan con el personal adecuado para hacerlo en corto plazo. Para nuestra provincia eso puede ser muy complicado”.