La constatación pericial de que el predio de Pacará Pintado genera contaminación le suma cada vez más problemas a la empresa Servicios y Construcciones La Banda SRL, que administra Mario Delfor Criado. Ayer, la Federación de Organizaciones Ambientalistas No Gubernamentales de Tucumán solicitó un embargo superior a los $ 16 millones en contra de la firma privada a fin de que se garantice el plan de cierre de la planta.
La medida cautelar, efectuada por el abogado Javier Navarro Muruaga, advirtió que desde el Gobierno se anunció el inminente cambio de destino de los residuos a la nueva planta de Overa Pozo. "Por un lado, destacamos la satisfacción de que no se continúe arrojando la basura en Pacará Pintado. Pero, por otro lado, advertimos que se hace necesario garantizar el procesamiento de los residuos acumulados durante seis años, así como un plan de cierre de la planta, que incluya el traslado de los desechos a otro predio apto", señala el escrito.
La demanda fue presentada ante la sala II de la Cámara Civil y Comercial. "El objeto es lograr la debida protección del medio ambiente y del ecosistema -se remarcó-, como interés colectivo, de la comunidad aledaña y circundante a San Miguel de Tucumán, Banda del Río Salí y las poblaciones ubicadas en las márgenes de la Cuenca Salí-Dulce, desde la zona de Pacará Pintado hacia aguas abajo".
La cifra millonaria, exigida como embargo, se deduce del canon mensual que recibe la empresa por el servicio de disposición final de los residuos. Según los ambientalistas, la firma recibe $ 1,5 millón por mes. Sin embargo, los dirigentes desconfían de que finalmente se realice el plan de cierre. "No existe garantía alguna de que ello ocurra, menos aún si tenemos en cuenta que durante estos años esa empresa viene provocando contaminación del aire -detallaron-, de las napas freáticas y del río, por la indebida explotación de la actividad que realiza y ante la falta de control efectivo por parte de las autoridades responsables".
El letrado Muruaga insistió en que se hace necesario, de modo urgente, garantizar el cumplimiento de los objetivos perseguidos en esta acción -dijo-, ante el real peligro de su frustración y la consiguiente afectación de los derechos colectivos.
"A los efectos de materializar la garantía solicitada en esta medida -precisó el abogado-, pido se disponga que la empresa demandada, en el plazo de cinco días, tome un seguro de caución en una compañía confiable por el monto de $ 16.152.000. Este pedido -explicó-, se fundamenta en la Ley General de Medio Ambiente (25.675). En caso de no concretarlo en el plazo de cinco días -precisó Muruaga-, pido se disponga el embargo".

Peritajes
Las pericias ordenadas por la Justicia provincial fueron concretadas en 2009 por la ingeniera química María Luisa Genta, en cumplimiento de lo dispuesto por los vocales de la Cámara en lo Civil y Comercial Común, Carlos Miguel Ibáñez y Augusto Fernando Avila.
Todo comenzó en diciembre de 2007, cuando los ambientalistas iniciaron una acción de amparo colectivo para reclamar el cierre de la planta, por considerar que contamina el medio ambiente.

Otra indagatoria al empresario Criado
El gerente de la empresa Servicios y Construcciones La Banda SRL, Mario Delfor Criado, deberá prestar declaración el miércoles ante el juez federal subrogante Mario Racedo. La requisitoria judicial al empresario se centrará en el marco de la causa, en la que está imputado por la presunta violación de la Ley 24.051 (Residuos Peligrosos); es decir, la contaminación de la Cuenca Salí-Dulce. Ese día será la segunda vez que Criado comparezca ante la Justicia Federal: antes había declarado el jueves 23 de setiembre, cuando quedó imputado tras escuchar las pruebas en su contra.