El proyecto de ley del Gobierno para abrir el mercado eléctrico reserva al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) la ejecución de los grandes planes de generación eléctrica.
De acuerdo con esa iniciativa, el Instituto solo desarrollará proyectos hidroeléctricos de 100 o más megavatios de capacidad instalada y con un costo superior a los $300 millones.
Además, será el encargado, en forma exclusiva, del desarrollo de plantas geotérmicas, las cuales utilizan el vapor volcánico para producir energía eléctrica.
Asimismo, se ocupará de las plantas generadoras a base de tecnologías muy complejas.
Entre tanto, las empresas privadas podrán desarrollar proyectos grandes o pequeños y ofertar la energía eléctrica que produzcan en un mercado mayorista del cual no participará el ICE.
El plan le garantiza espacio a los generadores privados para aportar hasta un 35% de la generación total del país durante los próximos 10 años.
Esto significa que en la década siguiente a la entrada en vigencia de la nueva ley, las empresas privadas podrán contribuir con más de 700 megavatios en proyectos de generación.
Actualmente las firmas privadas aportan solo un 15% de la capacidad instalada.
Al 31 de diciembre del 2009, el país contaba con una capacidad instalada de 2.415 megavatios.
Después de esa primera década, el Gobierno, mediante una adecuada planificación, deberá definir la proporción en que participarán el sector público y el privado.
Esta información fue revelada por el ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Teófilo de la Torre, en un foro sobre la “Apertura y desarrollo del sector electricidad”, organizado por la consultora Ecoanálisis.
La actividad se llevó acabo la semana anterior en el Hotel Intercontinental, en Escazú.
Mario Alvarado, director de la Asociación Costarricense de Productores de Energía (Acope), calificó de innecesarias algunas limitaciones a la inversión privada establecidas en el proyecto del Gobierno.
Los empresarios apuestan a una legislación dirigida al usuario final, que promueva las inversiones privadas o públicas en recursos renovables “sin barreras artificiales”. Es decir, sin establecer límites de participación, pues simplemente se aceptaría el mejor proyecto.
Potestades del ICE. De la Torre explicó que la propuesta de ley busca dinamizar el sector eléctrico, promover la participación privada y el desarrollo de proyectos a partir de fuentes renovables.
El Instituto será el único ente autorizado para construir plantas de generación térmica – producen energía a partir de la combustión de hidrocarburos– y esto se justifica únicamente como una medida de excepción ante un posible faltante de electricidad.
El plan del Ejecutivo conserva las potestades del ICE como el ente encargado de la expansión eléctrica con base en la planificación del sector y bajo la supervisión de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) en precios.
En cuanto a los proyectos geotérmicos, dijo que se reservan al ICE, debido a su alta complejidad. Los recursos geotérmicos del país están en zonas protegidas donde nadie puede construir.
“Nosotros pretendemos convencer a la gente que maneja ambiente de que el ICE pueda entrar a parques nacionales para extraer vapor y producir geotermia. Pero si proponemos abrirlo a todos los generadores (públicos y privados) probablemente no tengamos éxito en la aprobación de las autoridades ambientales”, explicó el Ministro.
Para Alvarado, esta limitación es injustificada porque las empresas privadas también podrían desarrollar esos proyectos.
También se mantiene bajo el ala exclusiva del Instituto la generación eléctrica con tecnologías complejas y cuyo costo es muy elevado. La idea es que el ICE desarrolle planes pilotos hasta que esas tecnologías sean económicamente viables para otros productores.
La iniciativa del Gobierno, denominada Ley General de Electricidad, está bajo análisis de una comisión especialmente creada para ello en el Congreso.