El 1 de enero de 2004 nació la Sociedad Aguas del Aconquija (SAT), poco más de dos meses después de que José Alperovich asumiera como gobernador. En los albores de su primer mandato, el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (Enohsa) había anunciado que abandonaría el gerenciamiento del servicio sanitario de la provincia. Corría noviembre de 2003 y todavía no se sabía quién se haría cargo de la prestación; finalmente se desistió de llamar a una nueva licitación para concesionar el agua potable y las cloacas y se creó la SAT, con la figura de Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (Sapem), con la presidencia de Alfredo Calvo.
De este modo, se intentó dar por cerrado el conflictivo período abierto con la política nacional de privatizaciones de servicios públicos, la cual que fracasó estrepitosamente en Tucumán con la expulsión de Aguas del Aconquija (propiedad del grupo francés Vivendi). Insistentemente, durante la gestión de Julio Miranda, se reflotó la posibilidad de un nuevo llamado a interesados privados, como trascendió que iba a tener lugar en 2004. Al año siguiente de ese plazo, sin confirmaciones ni noticias al respecto, Alperovich anunció formalmente que la SAT seguiría en manos del Estado sin límites de tiempo, para implementar una activa política de instalaciones de redes domiciliarias de agua potable.
Luego de ocho años de tarifa congelada, en setiembre de 2006 llegó el primer aumento, del orden del 10%. Luego, a fines de 2008 se dispusieron nuevos incrementos, que rigieron desde el año siguiente y fueron de entre el 12% y el 15%; y en 2009 hubo una suba del 12%, que comenzó a implementarse a partir de enero pasado. En todos los casos, las nuevas tarifas fueron justificadas en la necesidad de afrontar los mayores costos operativos de la empresa y las inversiones realizadas y por efectuar, que alcanzan al 80% de los usuarios domiciliarios. A principios de este año se anunció que se iban a instalar hasta diciembre 50.000 medidores del consumo, los que están siendo colocados.
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