La Asociación Alihuen, que preside Leandro Altolaguirre, tituló con esa afirmación un documento difundido ayer tras conocer una resolución del Defensor del Pueblo en la que recomendó a la Secretaría de Ambiente de la Nación intervenir y expedirse sobre distintos aspectos relacionados con el impacto ambiental del proyecto Potasio Río Colorado, sobre el que Alihuen y la Asamblea Mendocina por el Agua Pura habían efectuado una denuncia.
Potasio Río Colorado es un proyecto de explotación minera no convencional, de cloruro de potasio, que se realizará en el paraje Pata Mora, al sur del departamento mendocino de Malargüe, y cuyos impactos exceden la jurisdicción provincial y alcanzan a Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires.
La Asociación Alihuen recordó que “la investigación incluyó reuniones con distintos interesados, así como numerosos pedidos de información a la Secretaría de Minería de Mendoza, a las autoridades ambientales de las cinco provincias involucradas, al Comité Interjurisdiccional del Río Colorado y a las autoridades nacionales de ambiente, energía y minería. De las respuestas se concluye que la explotación de este mineral, usado como fertilizante agrícola, producirá varios millones de toneladas de sal residual por año que se acumularían directamente sobre el terreno en la cuenca del río Colorado.
Esto podría provocar la salinización del curso de agua y de las napas que abastecen a las poblaciones aguas abajo del emprendimiento, así como la alteración del suelo, la modificación del paisaje, la alteración de los escurrimientos y la afectación producida por el esparcimiento de partículas de sal sobre la flora y fauna”.
Asimismo, señaló que “el proyecto requeriría un millón de metros cúbicos diarios de gas, lo cual equivale al consumo de toda la provincia de Mendoza y representa un tercio de las importaciones desde Bolivia. Esto implica que la escasez de gas y su consiguiente importación seguirán aumentando a mediano y largo plazo, afectando a todos los argentinos, si este impacto no se evalúa adecuadamente a nivel nacional”.
La asociación ambientalista pampeana continuó evaluando que “al tratarse de una cuenca integrada por cinco provincias, resulta clave conocer y minimizar aquellos impactos ambientales interjurisdiccionales, es decir, aquellos que exceden el territorio mendocino y podrían afectar los recursos naturales y la calidad de vida de los habitantes de Neuquén, La Pampa, Río Negro y el sur de Buenos Aires, así como la provisión de energía en éstas y otras provincias del territorio nacional. Asimismo, dado que los recursos naturales no reconocen fronteras políticas, los impactos ambientales deben analizarse en forma integral” en la cuenca con respecto a “todos los recursos potencialmente afectados.
Por otra parte, emprendimientos de gran magnitud, como es el caso de Potasio Río Colorado, no pueden obviar un análisis de impactos acumulados, no sólo a lo largo del tiempo que dure el mismo sino también incorporando un análisis de interacciones con otros emprendimientos actuales o proyectados en la zona”.
El Defensor del Pueblo de la Nación recomendó a la Secretaría de Ambiente “se expida en el análisis de los impactos ambientales integrales, acumulativos e interjurisdiccionales del emprendimiento minero Potasio Río Colorado, y que intervenga en las evaluaciones de impacto ambiental de aquellos emprendimientos de similares efectos ambientales interjurisdiccionales a través de la constitución de un Comité de Evaluación con las autoridades ambientales provinciales y con el Consejo Federal de Medio Ambiente”.

Promoción Industrial
Mendoza cree que prospere o no el planteo de La Pampa gana igual
El gobernador de Mendoza, Celso Jaques, está convencido de que su provincia está en una situación de “ganar o ganar” en cuanto al reclamo ante el gobierno nacional de inclusión en el régimen de Promoción Industrial, más allá de que prospere el pedido de inconstitucionalidad que promovió La Pampa ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que no se la discrimine en este tipo de beneficios impositivos para la radicación de empresas. En declaraciones publicadas por el diario mendocino Los Andes, Jaque fue categórico al afirmar que la situación ‘hoy nos encuentra en un estado de ganar-ganar. En la peor hipótesis, si prospera el planteo de La Pampa, ninguna provincia va a tener promoción industrial y Mendoza no se verá perjudicada. Pero imaginemos que -por el contrario- no prospere y por lo tanto exista promoción industrial. En este caso Mendoza ya está incorporada. En los dos casos ganamos‘, enfatizó. Cabe recordar que días atrás el gobierno pampeano, a través del fiscal de Estado, José Alejandro Vanini, presentó en la Corte Suprema un pedido de inconstitucionalidad del decreto que otorga a varias provincias el beneficio de la promoción industrial y acompañó ese escrito con una medida cautelar para que, hasta tanto no se resuelva la cuestión de fondo, la medida quede sin efecto. Mendoza, con una presentación similar, logró que varias regiones de la provincia fueran incluidas en ese régimen, de allí el malestar en el gobierno pampeano y en varios sectores políticos y empresariales de la provincia que consideran una discriminación por parte del Estado nacional. Los mendocinos, no obstante, consideran que de prosperar el reclamo pampeano ante el máximo órgano judicial de la Nación, se pone en riesgo el beneficio que incluiría a ciudades como Santa Rosa, Malargüe, General Alvear, Lavalle, Las Heras, La Paz y San Rafael. Es más, según publicó Los Andes, algunos funcionarios mendocinos apuntan hacia el cobismo como el responsable de fogonear la presentación pampeana para que la provincia aún no acceda a ese beneficio y concretamente hablan de “maniobras contra Mendoza”. En este sentido, el diario reprodujo una declaración del intendente de Las Heras, Rubén Miranda, que apunta directamente contra Cobos, afirmando que “¿por qué no tenemos nosotros derecho a sospechar (del vicepresidente) si primero fue radical, después peronista, ahora vuelve a ser radical? ¿Por qué no puede haber sido mendocino y ahora pampeano”‘.