Defensor del Pueblo de la Nación recomendó a la Secretaría de Ambiente de la Nación que se expida en el análisis de los impactos ambientales integrales, acumulativos e interjurisdiccionales del emprendimiento minero Potasio Río Colorado. La intervención del defensor se produjo como consecuencia de la denuncia realizada por la Asamblea Mendocina por el Agua Pura (Mendoza) y la Asociación Alihuen (La Pampa).
En el escrito se recomienda, además, que la Secretaría de Ambiente de la Nación “intervenga en las Evaluaciones de Impacto Ambiental de aquellos emprendimientos de similares efectos ambientales interjurisdiccionales a través de la constitución de un Comité de Evaluación con las autoridades ambientales provinciales y con el Consejo Federal de Medio Ambiente”.

La resolución dice textualmente:
Potasio Río Colorado es un proyecto de explotación minera no convencional, de cloruro de potasio, que se realizará en el paraje Pata Mora, al sur del departamento Malargüe en la provincia de Mendoza, pero cuyos impactos exceden la jurisdicción provincial por expandirse a Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires.
La investigación incluyó reuniones con distintos interesados, así como numerosos pedidos de información a la Secretaría de Minería de Mendoza, a las autoridades ambientales de las cinco provincias involucradas, al Comité Interjurisdiccional del Río Colorado y a las autoridades nacionales de ambiente, energía y minería. De las respuestas se concluye que la explotación de este mineral, usado como fertilizante agrícola, producirá varios millones de toneladas de sal residual por año que se acumularían directamente sobre el terreno en la cuenca del río Colorado. Esto podría provocar la salinización del curso de agua y de las napas que abastecen a las poblaciones aguas abajo del emprendimiento, así como la alteración del suelo, la modificación del paisaje, la alteración de los escurrimientos, y la afectación producida por el esparcimiento de partículas de sal sobre la flora y fauna.
Por otra parte, el proyecto requeriría un millón de metros cúbicos diarios de gas, lo cual equivale al consumo de toda la provincia de Mendoza y representa un tercio de las importaciones desde Bolivia. Esto implica que la escasez de gas y su consiguiente importación seguirán aumentando a mediano y largo plazo, afectando a todos los argentinos, si este impacto no se evalúa adecuadamente a nivel nacional.
Al tratarse de una cuenca integrada por cinco provincias, resulta clave conocer y minimizar aquellos impactos ambientales interjurisdiccionales, es decir, aquellos que exceden el territorio mendocino y podrían afectar los recursos naturales y la calidad de vida de los habitantes de Neuquén, La Pampa, Río Negro y el sur de Buenos Aires, así como la provisión de energía en estas y otras provincias del territorio nacional. Asimismo, dado que los recursos naturales no reconocen fronteras políticas, los impactos ambientales deberían deben analizarse en forma integral para la cuenca para todos los recursos potencialmente afectados. Por otra parte, emprendimientos de gran magnitud como es el caso de Potasio Río Colorado no pueden obviar un análisis de impactos acumulados, no sólo a lo largo del tiempo que dure el mismo sino también incorporando un análisis de interacciones con otros emprendimientos actuales o proyectados en la zona.
Por ello, el Defensor del Pueblo de la Nación recomienda a la Secretaría de Ambiente de la Nación que se expida en el análisis de los impactos ambientales integrales, acumulativos e interjurisdiccionales del emprendimiento minero Potasio Río Colorado, y que intervenga en las Evaluaciones de Impacto Ambiental de aquellos emprendimientos de similares efectos ambientales interjurisdiccionales a través de la constitución de un Comité de Evaluación con las autoridades ambientales provinciales y con el Consejo Federal de Medio Ambiente.