Una nueva audiencia de conciliación se realizó en la Suprema Corte de la Nación por la demanda de Mendoza, impulsada por San Rafael y General Alvear, para obtener del Gobierno nacional una compensación en obras por el perjuicio ocasionado por las Aguas Claras.
Se conoce como efecto de aguas claras a la pérdida de sedimentación natural del flujo de aguas en los embalses, por modificación de régimen torrencial que desencadena una fuerte dinámica corrosiva y mayor infiltración en los sistemas derivados. El resarcimiento por este daño, provocado por la construcción de los diques, es algo que San Rafael reclama desde la década del ’90.
En criollo: se ha producido lo que se conoce como el lavado de la tierra. Los comentarios de los agricultores han sido que para abonar una hectárea hacía falta medio viaje (en cuanto a la cantidad de agua que usan de los canales) y ahora hacen falta casi tres. Se dice que el agua deja de aportar 22 metros cúbicos de limo por hectárea cada año.
En un nuevo capítulo de las idas y vueltas en la Corte nacional, equipos técnicos de ambas partes, acompañados por el intendente de San Rafael, estuvieron en el máximo organismo judicial, cuya decisión fue dar un plazo de 30 días para que se explicite por escrito los nombres de los técnicos que serán los encargados de dirimir este conflicto, que data del año 1995.
Para el intendente Emir Félix, el pedido de la Corte es muy importante porque reconoce el conflicto. “Estamos muy esperanzados en que se reconozcan los daños y se hagan las obras que todos los sanrafaelinos, en especial los agricultores, estamos esperando”, señaló el jefe comunal sanrafaelino.
Una de las últimas novedades que se había dado, fue en abril, cuando la Nación, en un escrito, indicó que si bien es cierto que los embalses producen colmatación, dando como resultado aguas con menores sedimentos susceptibles de infiltrarse, se trata de una consecuencia no buscada ni deseada en la regulación de un río que todos conocían al construirse la presa. No obstante lo cual se consintieron tales efectos en busca de un equilibrio entre lo que se consideró prioritario y necesario en ese momento. Además, consideró que el ascenso sustancial de las napas y la consecuente salinización no obedecen al fenómeno de aguas claras, sino al mal uso del recurso hídrico “intrafinca”.
Antes, a fin del año pasado, San Rafael presentó un plan de obras en el que pidió la impermeabilización de las redes primarias, secundarias y terciarias del río Atuel, y las primarias y secundarias del río Diamante.
La red a impermeabilizar de la cuenca del Diamante se extiende por más de 201 kilómetros y la del Atuel incluye 497 kilómetros.

Salinización
San Rafael y Alvear reclaman por los costos que produce la pérdida por sedimentación del flujo de aguas de los embalses.
Otro de los aspectos que volvieron a detallar fue el ascenso sustancial de las napas y la consecuente salinización del suelo.