Ricardo Villalba y Silvio Peralta, dos especialistas de primer nivel que viven en provincias que entienden de manera distinta los alcances de la ley de protección de glaciares que sancionó esta última semana el Senado, analizaron los alcances de la norma y , sobre todo, si esta afectará o a la actividad minera.
Villalba, titular del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) fue quien desde Mendoza impulsó la sanción de la ley que protege los recursos estratégicos hídricos en la coordillera que se manifiestan a través de los glaciares cubiertos, descubiertos y de escombros en el ambiente periglaciar.
El científico fue quien defendió ante las comisiones legislativas el proyecto y analiza así la controversia con San Juan: “Ellos estaban en favor del proyecto que había nacido originalmente del Senado.
Este proyecto llega a la Cámara de Diputados y allí se introducen algunas modifaciones donde, con distinta terminología, se cambian algunos criterios. San Juan reclamaba porque en el proyecto original de senadores, estaban más claramente identificados los cuerpos a proteger. El otro punto que se considera es que los glaciares son un bien públicos y en el proyecto original de Senadores se establecía que las provincias son dueñas de esos recursos naturales. En el proyecto que se aprobó se dice simplemente que los glaciares son sinplmente de carácter público y no se establecía que las provincias son dueñas de esos glaciares. Son algunos matices entre una ley y otra”.
Silvio Peralta, fue uno de los profesionales que el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, puso al frente de la defensa de los intereses de su provincia. Como director del Instituto de Geología de la Universidad de San Juan, entiende que las diferencias son “políticas” y no técnicas con respecto a la ley.
“Lo primero que debo decires que todos los sanjuaninos y todos los que convivimos con la coordillera, anhelamos una ley del ambiente glaciar. Pero hay diferencias que son sustanciales entre los proyectos que se trataron. Técnicamente en el artículo 1, las diferencia es constitucional. En el proyecto original en el Senado, decía que los glaciares constituyen bienes de carácter público y su dominio corresponden a las provincias o al Estado nacional según el lugar en que se ubiquen. Este párrafo fue eliminado y se dejó una frase que desconoce el dominio de las provincias sobre los recursos naturales. Esto queda sujeto a interpretaciones y las cosas que no están escritas quedan sujetas a caprichos de los que aplican la ley o quienes la reglamentan. Este va ser el motivo de la judicialización de la aplicación de esta ley”, sostiene.

¿Afecta o no a la minería?
Alejandro Donna, titular de la Cámara Argentina de Servicios Mineros, denunció que la nueva ley atentará contra 250 mil puestos de trabajo directos e indirectos que la minería mantienen en el país. Y dentro de esas denuncias sumó una interpretación de que ley terminaría afectando, incluso, la construcción en Mendoza del túnel de baja altura.
Villalba no se mete en este último punto, pero sí separa las aguas al hablar del futuro de la minería. “Lamentamos que la ley de protección de glaciares sea interpretada como antiminera. En la actualidad no hay ninguna actividad minera que se este desarrollando sobre estas reservas estratégicas de agua. No hay problemas de conflicto que puedan desarrollarse en este momento, los planes de exploración podrían incluía a algunas de estas áreas, pero hasta el momento no hay ninguna actividad que se esté desarrollando sobre glaciares.
Peralta, en sintonía con las argumentaciones sanjuaninas, sí ve un futuro negro para la actividad. “ Esto afecta a la actividad minera porque de hecho estamos involucrando al ambiente periglaciar, y este ambiente , en la zona andina, tiene límites que son bastante difusos. Yo he visto como se han presentado mapas de la zona periglaciar de América, en donde estas zonas varían mucho de autor en autor”, sostiene. Y concluye: “Debemos entender que debe haber un justo equilibrio entre las necesidades socioeconómicas y la explotación de un recurso natural. Nadie se opone a la aprobación de una ley de protección, pero hay que ver cómo”, pidió.
Villalba, por su parte, sentencia: “En Mendoza, donde tenemos registros de glaciares, estos representan menos del 1 por ciento de la superficie provincial. El 99% del resto de la superficie puede ocuparse para el resto de las actividades”, sentenció.