En el pensamiento de José Alperovich no asoma ninguna posibilidad de una eventual reprivatización del servicio de agua potable y cloacas. Por el contrario, la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) seguirá siendo indefinidamente administrada por la Provincia, actualmente a través de una sociedad anónima de capital estatal. El gobernador justificó su posición en el precepto más estricto del capitalismo. "Hacía falta invertir mucho en la empresa; en estos años pusimos $ 600 millones porque debíamos salir desde muy abajo. Una firma privada jamás hubiese hecho lo que hicimos nosotros, porque se fija más en qué rentabilidad tiene que en las inversiones que se deben hacer", remarcó.
El servicio sanitario estuvo privatizado entre 1995 y 1997, cuando se rescindió el contrato con la Compañía Aguas del Aconquija (CAA), una subsidiaria de la empresa francesa Vivendi, que tenía la concesión por 30 años. Por esta decisión, adoptada en el comienzo de la gestión de Antonio Bussi, se originó un juicio ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), en el cual se condenó a la Argentina a pagar U$S 170 millones. La Nación pidió formalmente la revisión del fallo porque una de los jueces participó como abogada de la demandante en un proceso anterior. El gobernador aclaró que no tiene ninguna novedad nacional ni internacional sobre la marcha del proceso.
Para demostrar su decisión de sostener el servicio en manos estatales, Alperovich inauguró ayer un nuevo pozo para abastecer el sector oeste de la capital, en compañía del titular de la SAT, Alfredo Calvo. Destacó que, con este aporte, se proveerá de mayor caudal de agua a una zona con problemas constantes de suministro.
Alperovich se encargó de anunciar la colocación de 50.000 nuevos medidores de agua en domicilios particulares, lo que Calvo confirmó a un costo de $ 30 millones (ver "Calvo justificó..."). "Quien tiene medidor, cuida el agua y no la derrocha. Es al revés de lo que la gente piensa, de que quien tiene pileta, gasta más", explicó.