Sobre el posible daño ambiental que la explotación de potasio en el sur mendocino podría generar en Río Negro, Neuquén, La Pampa y Buenos Aires, la Defensoría del Pueblo de la Nación recomendó a la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación que se expida, y que intervenga en las evaluaciones de impacto ambiental de todo emprendimiento que pueda tener efectos interjurisdiccionales. Para ello, le pidió conformar un Comité específico. La resolución fue adoptada luego de que Nación y provincias se desligaran mutuamente de la responsabilidad en el tema.
Potasio Río Colorado proyecta extraer cloruro de potasio en el paraje Pata Mora, al sur del departamento Malargüe, provincia de Mendoza, pero sus impactos exceden esa jurisdicción. El proceso consiste en bombear agua caliente en el subsuelo para que disuelva el cloruro de potasio y otras sales y conducir todo a la superficie para que se cristalice. Por cada tonelada de potasio extraído se acumularán como residuo 1,21 toneladas de sal. Representa 3 millones de toneladas de sal por año, durante los 40 años que durará el proyecto, es decir: pilas de sal que ocuparán 210 hectáreas de 5 metros de alto. En principio la empresa planteaba dejarlas a orillas del río Colorado, ofreciendo luego alejarlas, lo que reduce el riesgo pero no lo elimina. También se depositaría sal sobre la flora y fauna y se afectarían las napas.
De las consultas efectuadas por la Defensoría del Pueblo de la Nación, resultó que Mendoza sólo había medido el impacto en su territorio, y que el único organismo que midió la influencia interprovincial fue el Comité Interjurisdiccional del río Colorado pero sólo en lo que respecta a ese curso de agua. El Coirco dijo que el emprendimiento pondría en riesgo la producción de 150.000 hectáreas y afectaría la provisión de agua potable de más de 1 millón de personas.
Por su parte, la secretaría de Energía de Nación advirtió que el proyecto requeriría un millón de metros cúbicos diarios de gas, lo que equivale al consumo de la provincia de Mendoza y a un tercio de las importaciones desde Bolivia, lo que agravaría el impacto para todos los argentinos de la escasez del gas.
En principio, Ambiente de Nación dijo que correspondía a las provincias ver el impacto ambiental; Minería de Nación dijo que asesora y capacita, pero desligó también su accionar; Minería de Mendoza midió la incidencia para su provincia; y Ambiente de Mendoza se limitó a enviarle a la empresa las objeciones de Coirco.
Por ello, la Defensoría del Pueblo definió que corresponde a la Nación evaluar el impacto de emprendimientos que puedan generar efectos interprovinciales y dio recomendaciones a la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.