El Gobierno de la Provincia firmará hoy una carta de intención con el UTE Ormas–Andrade Gutiérrez, una empresa argentina y una financiera francesa, en la búsqueda de poner en marcha la obra del Puerto Caleta La Misión de Río Grande. El grupo galo se haría cargo de la deuda que la Provincia mantiene con la UTE e invertiría unos 200 millones de dólares a cambio de obtener una concesión del puerto por un plazo cercano a los 25 años. El acto se llevará a cabo a las 14 en el Salón Augusto Lasserre de la sede gubernamental fueguina. La obra, iniciada durante la gestión gubernamental del MPF, lleva 10 años paralizada.
La gobernadora Fabiana Ríos tiene previsto firmar hoy una carta de intención múltiple, con la UTE Ormas–Andrade Gutiérrez, la empresa Servicios Navieros Piedrabuena SA y el Instituto Francés de Estudios Financieros Independientes (IFEFI) con el propósito de documentar la propuesta de la naviera y del instituto galo, de reanudar la obra del puerto Caleta La Misión de Río Grande.
La negociación que dio inicio el año pasado, comenzó a tomar forma a principio del mes de agosto último, y tiene por objetivo llegar a un acuerdo con Ormas–Andrade Gutiérrez, para que el IFEFI se haga cargo de la deuda que la provincia mantiene con la UTE, invierta unos 200 millones de dólares a cambio de obtener una concesión del puerto por un plazo cercano a los 25 años.
Conforme lo adelantó EDFM en agosto, el grupo francés propuso comprar el juicio, hacerse cargo del incumplimiento del contrato por parte del Estado Fueguino, y ser esta quien concluya el mega proyecto portuario de aguas profundas en la zona norte de la isla, a través de la empresa Piedrabuena SA.
En el mes de julio, durante una entrevista que le efectuaron los periodistas el programa de televisión “Político” que se emite por canal 11 de Ushuaia, la gobernadora había anunciado –sobre el proyecto portuario inconcluso– que existía “la decisión política” del Gobierno de concluir esta obra que se puso en marcha durante el segundo mandato del ex gobernador José Estabillo y que a fines de 1998 se paralizó por la falta de pago.
Desde la época de Carlos Manfredotti la UTE Andrade Gutiérrez–Ormas viene presentando administrativa y judicialmente un reclamo por “tiempos improductivos” al haber instalado maquinarias y dispuesto de personal y no haber obtenido el pago acordado con el gobierno para su continuidad.
A mitad de 2005, en el primer año de la gestión del destituido Jorge Colazo, el gobierno había anunciado su continuidad y convocado a profesionales de las Universidades Nacionales de Córdoba y de La Plata para su evaluación. Pero con la salida de Colazo, el proyecto volvió a estancarse.
Esta vez, la alternativa viene de la mano de una empresa argentina y de un instituto financiero francés, sobre el cual el gobierno asegura está dispuesto a comprar la deuda, y realizar una inversión cercana a los 200 millones de dólares a cambio de una concesión por un lapso de 25 años. Pero con un nuevo elemento que se negocia; la participación accionaria del Estado provincial, lo que le permitiría tener voz y voto dentro de un directorio, y sin necesidad que el Estado provincial destine fondos presupuestarios extras para la culminación del proyecto.
De acuerdo lo había informado en agosto el presidente de la Dirección Provincial de Puertos Alejandro Berola, el reclamo inicial de la UTE fue de “44 millones de pesos”, pero que actualizado, llega a los 100. “Son 10 años de improductivos”, donde la UTE mantuvo toda una estructura paralizada. Por lo que el Estado Provincial carga con “un juicio tremendo (…) con pocas chances de ganarlo”, señalaba.