Más inspectores y multas más caras. Con esta fórmula el Gobierno provincial buscará poner freno al derroche de agua potable en la provincia para la difícil temporada 2010-2011, enmarcada nuevamente en un estado de emergencia hídrica.
Estos son dos de los puntos que el jueves discutirá la Comisión de Alerta para el Seguimiento y Asesoramiento de la Emergencia Hídrica Provincial.
Esta comisión se creó en el marco de la emergencia por los recursos hídricos decretada ayer por el gobernador Celso Jaque. Estará integrada por todos los ministerios, secretarías y la Dirección General de Irrigación, entre otros organismos.
El presidente de Agua y Saneamiento Mendoza (AYSAM), la empresa estatal creada luego de la intervención de Obras Sanitarias Mendoza, Rolando Baldasso, anticipó las medidas que serán discutidas el jueves por la flamante comisión.
Sin soltar demasiada prenda, Baldasso admitió que se estudia aumentar la cantidad de inspectores hídricos, que actualmente son poco más de 20 en toda la provincia.
Sin embargo, no precisó cuántos podrían llegar a agregarse. Tampoco trascendió si se va a contratar personal o se refuncionalizará el existente.
El otro punto, sobre el que sí hubo más detalles, fue la posibilidad de incrementar el valor de las multas a quienes transgredan las leyes sobre el ahorro de agua potable.
Actualmente, los infractores detectados por la empresa proveedora son castigados con una multa de $55 si se los encuentra lavando el auto, regando una calle de asfalto o lavando la vereda en cualquier horario.
Lo mismo sucede si hacen cualquier uso indebido (riego de jardines, llenado de piletas) fuera del horario permitido, que es de 8 a 20.
“En este aspecto, estamos evaluando aumentar la multa de $55 a $63 y continuar con el sistema de duplicar la suma en caso de reiteración de faltas”, dijo Baldasso.
Luego añadió que se ultimarán detalles para el plan maestro?tendiente a mejorar todo el sistema de aguas provinciales, que tiene un costo de $880 millones y un plazo de 10 años para su aplicación.
Este plan será presentado en la Legislatura esta semana, para que tenga tratamiento la próxima.
Baldasso detalló que serán necesarios otros $80 millones para la instalación de medidores de agua. Pero advirtió que habrá algunas zonas en las que no será posible su colocación.
En tanto, el titular del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), Javier Montoro, explicó que en breve comenzarán con obras tendientes a mejorar la distribución de agua en Godoy Cruz y Guaymallén, dos zonas que mostraron enormes dificultades a lo largo del ciclo 2009-2010.
“Estas obras se realizarán sin necesidad de que la planta potabilizadora de Benegas deje de funcionar”, detalló Montoro.
Por último, el secretario de Ambiente, Guillermo Carmona, remarcó la decisión del Gobierno de que todos los organismos públicos presenten un esquema de ahorro de agua.
“Las reparticiones deberán presentar un programa de acción que no vaya en contra del uso normal del agua, sin dejar de funcionar correctamente, como es el caso de los hospitales o las que tienen el riego entre sus funciones. También se invitará a los municipios para que adhieran a la propuesta”, resumió finalmente Carmona.

La función de la comisión
La Comisión de Alerta para el Seguimiento y Asesoramiento de la Emergencia Hídrica Provincial deberá seguir la situación hídrica provincial, en especial de la cuenca del río Mendoza.
Además, deberá proponer, adoptar y ejecutar las medidas necesarias conforme al nivel de riesgo previsto. Asimismo, asesorará a las autoridades respecto de tal situación, sugiriendo las acciones preventivas y correctivas necesarias para minimizar el riesgo sobre la población y las actividades económicas de la Provincia.
Específicamente, la comisión tendrá que establecer los niveles de alerta por región, conforme con los pronósticos actualizados. También evaluará, previo análisis de los factores comprometidos, las medidas preventivas y correctivas necesarias a adoptar, considerando vulnerabilidad de la población y las actividades económicas amenazadas por la escasez hídricas.
Además, propondrá las medidas necesarias de gestión racional de emergencia del recurso hídrico que se requieran, considerando las prioridades legales o el abastecimiento de la población como prioritario; formulará directivas de emergencia y elaborará informes sobre la evolución de los pronósticos, como de las correctivas medidas de emergencia que se adopten.