La Corporación del Proyecto Enlace del Caño Martín Peña escaló un nuevo peldaño en sus esfuerzos por completar el dragado de este cuerpo de agua al iniciar oficialmente el proceso para el estudio de viabilidad que el Congreso de los Estados Unidos requiere para realizar el proyecto.
Este paso es vital para el futuro del dragado, pues de los resultados del estudio dependerá que el Congreso de Estados Unidos libere los $150 millones que le asignó al proyecto en el 2007, destacó la directora ejecutiva de Enlace, Lyvia Rodríguez.
Por la pasada década, los residentes de las comunidades aledañas al caño Martín Peña, en Hato Rey, han luchado por que se realice un dragado que propicie la limpieza del cuerpo de agua y que evitará que cientos de familias queden inundadas en aguas usadas cada vez que sube el nivel del caño.
Rodríguez explicó que el estudio de viabilidad incluye la realización de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto, además de estudios particulares sobre el impacto de la construcción en el hábitat de la fauna y la flora del área, los impactos que tendrá sobre la pesca, el análisis sobre las alternativas sobre las dimensiones hasta las cuales se dragaría el Caño y hasta el potencial recreativo de la zona una vez culmine el proyecto.
Se espera que el estudio de viabilidad preliminar esté listo para junio del 2011. En ese momento se le entregará al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, entidad que revisará el documento.
“Yo no diría todavía que estamos a mitad del camino, yo diría que estamos como a una tercera parte. Queda mucho por hacer. Este es un proyecto necesario para el País, necesario para la ciudad”, expresó Rodríguez al ser cuestionada sobre los pasos que restan para que la maquinaria pesada inicie sus trabajos en el Caño.
Tradicionalmente, el Cuerpo de Ingenieros es el ente que se encarga de realizar los estudios de viabilidad en este tipo de proyectos. Pero por falta de asignaciones presupuestarias para esta entidad federal, se autorizó que el Proyecto Enlace contratara a la firma PBS&J Caribe para hacerlo.
La líder comunitaria Ana Margarita Pérez indicó que se formará un comité técnico con representación de cada una de las ocho comunidades que bordean el Caño para que trabajen junto a la entidad privada que hará el estudio.