Recién ahora se admite que las inversiones que la empresa de provisión de agua potable localrequiere para solucionar sus problemas estructurales resultan imposibles de realizar con el producido de las tarifas y hay que buscar recursos en otro lado.
Las nuevas autoridades de la empresa han estimado dichas inversiones en 880 millones de pesos para los próximos 10 años, de cuales 500 millones deberían invertirse en los primeros 5 años. A ello hay sumar otros varios millones para que la empresa comience a funcionar.
A ello se agrega una situación coyuntural difícil por escasez de nieve, lo que obliga a declarar la emergencia hídrica. En realidad, cuando se analiza el enorme crecimiento de la población y de las necesidades de agua para consumo, riego, industrias y otros usos, es fácil concluir que la emergencia durará largo tiempo.
Sólo los diques y embalses, tantas veces anunciados y nunca concretados, podrán traer en el futuro una mejora sustancial en este asunto. Entre tanto aparece en el centro de la discusión el problema de la tarifa del agua potable, quizás la causa original de los problemas. Hay dos aspectos al menos a considerar en este tema. Uno es cómo se establece la tarifa y el otro es su actualización.
En el primer caso existe una situación que viene desde muy antiguo y a la que ahora parece que se quiere comenzar a encontrar una solución razonable. La tarifa que tenía Obras Sanitaria estatal, y luego la privatizada, se determina con la misma base del impuesto inmobiliario. Esto es metros cuadrados del terreno, metros cuadrados cubiertos, tipo y calidad de la construcción y localización de la misma.
Esta tarifa no difiere, en su naturaleza económica, de un impuesto, dado que no guarda relación con el efectivo consumo de agua que hacen las personas. Esta desvinculación entre consumo y pago es la causa básica del llamado “derroche” de agua, calificación que queda a criterio subjetivo de los funcionarios.
Esta tarifa contiene además subsidios cruzados, estos es, unos pocos pagan mucho para que otros paguen poco. Se trata de la peor manera de subsidiar a los que lo necesitan. Los subsidios deben salir de los impuestos y estar contabilizados en el presupuesto.
Lo que resulta alentador es que tanto los Legisladores como el Poder Ejecutivo y algunos Intendentes, coinciden en que se debe pagar por lo que se consume, es decir que es preciso avanzar en la denominada micro medición. En tal sentido también resulta alentador que tanto la empresa como las autoridades municipales hayan detectado los altos consumos que se registran en departamentos como Luján, Guaymallén y Godoy Cruz.
Tarifa justa es cobrar a cada uno lo que efectivamente consume, esto es colocar medidores a todos los consumidores. Debe recordarse que en 1998, antes de la concesión se instalaron alrededor de 100 mil medidores, que no se usaron porque la Legislatura nunca trato el proyecto de ley que establecía la tarifa medida.
En este contexto, parece conveniente que la nueva empresa comience de inmediato a verificar cuáles medidores están en condiciones de ser usados, como asimismo una compulsa a aquellos usuarios que estén dispuestos a colocar el suyo.
La empresa debe determinar una tarifa clara y entendible por los usuarios, con un cargo fijo, y un valor creciente por metro cúbico a partir de determinado consumo. Tal como ocurre hoy en día con el gas natural y la energía eléctrica.
La progresiva y, en lo posible rápida, habilitación de medidores de consumo contribuirá mucho más al ahorro de agua potable, que las amenazas de castigo o las multas al azar que hoy se aplican.
|
|
|