El defensor del Pueblo de la Nación, luego de una presentación de la Asociación Alihuen al denunciar el riesgo de contaminación del proyecto Potasio Río Colorado, recomendó a la Secretaría de Ambiente la realización de estudios de impacto ambientales “integrados, acumulativos e interjurisdiccionales”. El COIRCO no hizo estudios de impacto ambiental, y no se sabe lo que provocará el emprendimiento fuera de Mendoza, dice el informe del ombudsman.
En una resolución, emitida el pasado 26 de agosto de 2010 -comunicada a Alihuen la semana pasada-, el defensor del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, sostuvo que el impacto que tendrá el emprendimiento de la empresa brasileña Vale que se instalará en el sur de Malargüe (Mendoza), alcanzará a las empresas de la cuenca del COIRCO, y se deben realizar estudios de impacto ambiental interjurisdiccionales.
Potasio Río Colorado es un proyecto de explotación minera no convencional, de cloruro de potasio, que se realizará en el paraje Pata Mora, al sur del departamento Malargüe en la provincia de Mendoza, pero cuyos impactos exceden la jurisdicción provincial por expandirse a Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires.
La investigación del defensor del Pueblo de la Nación incluyó reuniones con distintos interesados, así como numerosos pedidos de información a la Secretaría de Minería de Mendoza, a las autoridades ambientales de las cinco provincias involucradas, al Comité Interjurisdiccional del Río Colorado y a las autoridades nacionales de ambiente, energía y minería.
“De las respuestas se concluye que la explotación de este mineral, usado como fertilizante agrícola, producirá varios millones de toneladas de sal residual por año que se acumularían directamente sobre el terreno en la cuenca del río Colorado”, señala el defensor del Pueblo. “Esto podría provocar la salinización del curso de agua y de las napas que abastecen a las poblaciones aguas abajo del emprendimiento, así como la alteración del suelo, la modificación del paisaje, la alteración de los escurrimientos, y la afectación producida por el esparcimiento de partículas de sal sobre la flora y fauna”, advierte.
Por otra parte, el proyecto requeriría un millón de metros cúbicos diarios de gas, lo cual equivale al consumo de toda la provincia de Mendoza y representa un tercio de las importaciones desde Bolivia. “Esto implica que la escasez de gas y su consiguiente importación seguirán aumentando a mediano y largo plazo, afectando a todos los argentinos, si este impacto no se evalúa adecuadamente a nivel nacional”, señala.
El defensor sostiene que “al tratarse de una cuenca integrada por cinco provincias, resulta clave conocer y minimizar aquellos impactos ambientales interjurisdiccionales, es decir, aquellos que exceden el territorio mendocino y podrían afectar los recursos naturales y la calidad de vida de los habitantes de Neuquén, La Pampa, Río Negro y el sur de Buenos Aires, así como la provisión de energía en estas y otras provincias del territorio nacional”.
Remarca que si bien el COIRCO “ha realizado observaciones y consideraciones técnicas”, el defensor enfatiza que “no ha actuado como organismo evaluador del impacto ambiental integral del emprendimiento dado que su competencia lo limita a cuestiones vinculadas con el recurso hídrico”.
Y agrega que de las respuestas que dieron los organismos provinciales requeridos “no se manifiesta un conocimiento cabal de las implicancias del proyecto para los ecosistemas más allá de los límites de la provincia de Mendoza, ni las posibles derivaciones sociales y económicas de la afectación del recurso agua para las personas, que implican problemáticas asociadas a la salud, seguridad humana, afectación del modo de vida y sistemas productivos, así como riesgos a la biodiversidad u otros recursos ambientales”.
Asimismo, dado que los recursos naturales no reconocen fronteras políticas, los impactos ambientales deberían analizarse en forma integral para todos los recursos potencialmente afectados, afirma el defensor. Uno de los organismos consultados es la Dirección General de Minería e Hidrocarburos.
“Por otra parte, emprendimientos de gran magnitud como es el caso de Potasio Río Colorado no pueden obviar un análisis de impactos acumulados, no sólo a lo largo del tiempo que dure el mismo sino también incorporando un análisis de interacciones con otros emprendimientos actuales o proyectados en la zona”, dice el defensor del Pueblo en los considerandos.
En la parte resolutiva, el defensor “recomienda a la Secretaría de Ambiente de la Nación que se expida en el análisis de los impactos ambientales integrales, acumulativos e interjurisdiccionales del emprendimiento minero Potasio Río Colorado, y que intervenga en las Evaluaciones de Impacto Ambiental de aquellos emprendimientos de similares efectos ambientales interjurisdiccionales a través de la constitución de un Comité de Evaluación con las autoridades ambientales provinciales y con el Consejo Federal de Medio Ambiente”.