El documento lleva la firma de la gobernadora Ríos y del representante legal de la UTE Ormas-Andrade Gutiérrez, quien ganó la licitación en 1995, inició la obra y posteriormente demandó al Estado Provincial por haber suspendido los pagos. También de las autoridades las del Instituto Francés de Estudios Financieros Independientes y de la empresa Piedrabuena SA, quienes proponen comprar la deuda que mantiene la Provincia con la UTE, invertir unos 180 millones de dólares, redefinir el proyecto y terminarlo. A cambio piden 40 años de concesión.
La gobernadora Fabiana Ríos firmó ayer, en representación de la Provincia, una carta de intensión múltiple con el objetivo de volver a poner en marcha el plan de obras del Puerto Caleta La Misión de Río Grande, sin necesidad de direccionar fondos estatales y sin tener que abonar los costos por daños y perjuicios reclamados por la Unión Transitoria de Empresa Ormas–Andrade Gutiérrez, por los más de 10 años de paralización que sufre el proyecto que esta UTE iniciara y que suspendiera debido a que la Provincia dejó de pagarle.
El nuevo impulso que podría tomar el proyecto, tiene origen a partir de la intervención de el Institut Francais D´Études Financiéres Independant (IFEFI) y de la empresa Servicios Navieros Piedrabuena SA Ingeniería Marítima, quienes propusieron comprarle a la UTE la deuda que reclama y llegar a un acuerdo con el Poder Ejecutivo Provincial, para redefinir y terminar el proyecto, invirtiendo unos 180 millones de dólares (incluido el pago a Ormas–Andrade Gutierrez) a cambio de una concesión de uso y explotación por un lapso de 40 años.
Con el rotulo “continuación Construcción de la Obra Puerto Caleta La Misión”, la carta de Intensión lleva la firma y el acuerdo de la mandataria fueguina, del representante legal de la UTE Ormas Ingeniería y Construcciones SA – Constructora Andrade Gutiérrez, Luis Alberto Villa, del apoderado del Institut Francais D´Études Financiéres Independant (IFEFI) Jean Francois Patinet y del presidente de la empresa Servicios Navieros Piedrabuena SA Ingeniería Marítima, Pedro Agustín Trucco, quien fuera ministro de Obras y Servicios Públicos durante el gobierno de Raúl Alfonsín.

Una negociación de 6 meses
Con la documentación en mano y antes de estampar su firma, la Gobernadora prefirió detenerse unos minutos para reflexionar sobre esta obra cuya licitación que el lleva el número 01/95, remite al primer gobierno de José Estabillo.
“Cuando uno siente hablar de la nueva obra del Puerto Caleta la Misión quince años después de que fuera licitada, es cuanto menos un chiste de mal gusto”; por lo que a la vista del tiempo transcurrido y de las innumerables promesas electorales formuladas en torno al puerto “la pregunta es ¿Cómo hacemos para trasformar ese círculo vicioso donde todos perdemos, en un círculo virtuoso dónde gane la población de Tierra del Fuego?. Porque si uno está pensado en una provincia que se proyecta al futuro y al mundo, para transformar esas palabras en hechos hay que poder concretar las cosas aún quince años después”, dijo Ríos.
Las cinco hojas de la carta de intensión y las siete cláusulas que ella guarda, resumen una importante gestión de parte del Presidente de la Dirección Provincia de Puertos, Alejandro Berola, que se oficializó el 13 de mayo, cuando Piedrabuena SA manifestó su interés en la continuación del Puerto Caleta La Misión, “siguiendo el viaducto hasta el acceso a un muelle a construirse sobre pilotes con una profundidad de entre 12 y 15 metros y de 100 por 50 metros, para iniciar operaciones de barcos tipo suppliers”.
En esa oportunidad, la empresa especificó la existencia de intereses en la zona para la utilización de los servicios de dicho puerto, entre los que se destacó a “Total Austral con la reactivación de la plataforma Karina, inversiones de las empresas Apache y Enap Sipetrol, el uso del gasoducto San Martín II”, a la vez que precisó los plazos, etapas y montos involucrados en la obra.
De tal manera el 22 de julio el gobierno de la provincia, expresó su interés en la propuesta y, lo por tanto, en interiorizarse más detalladamente de la misma, señalando que uno de sus objetivos primordiales era concluir la obra en cuestión, previo a ello solucionar el conflicto judicial que ha planteado la UTE. Por lo que se propuso iniciar una rueda de trabajo con los respectivos técnicos y profesionales que permitiera “a todos los interesados, arribar a un acuerdo de resolución integral del conflicto”.
El 4 de agosto, Piedrabuena SA y el IFEFI ofrecieron a la provincia aportar sus conocimientos en materia de ingeniería civil marítima y soporte económico para realizar la obra, manifestando haber buscado una solución que permitiría evitar conflictos con la UTE, e inclusive su contratación para la finalización del viaducto hasta el acceso al futuro muelle de aguas profundas. Y “en virtud de la magnitud de la inversión que se dispondría a realizar”, plantearon un plazo de concesión, de 40 años. En respuesta a ello, la provincia planteo interés de fijar participación accionaria en una futura explotación del puerto.
El 2 de septiembre la provincia respondió que era de su interés que aquella propuesta incluyera al actual contratista de la obra, “dado el conocimiento tan particularizado que éste tiene de la obra, desde su proyecto ejecutivo, la parte construida de la misma hasta su estado actual de conservación, como también que se evalúe la posibilidad de no vincular la realización de la obra a variables presupuestarias o financieras de la provincia”.

Un compromiso en 7 cláusulas
En sus siete cláusulas, el documento reafirma la decisión de las partes, al mencionar que se “ha podido comprobar que existen posibilidades de arribar a alguna vía de negociación”, por lo que a tal fin, “han decidido volcar en un documento preliminar, los pasos necesarios para avanzar en una instancia conciliadora de intereses que permita arribar a los resultados deseados”.
Y de manera específica traduce esa voluntad conjunta, al indicar que “las partes convienen llevar adelante tratativas para superar el conflicto de intereses ventilados en el conflicto judicial, con una solución que permita la reconducción de los trabajos tendientes a la finalización de la obra del puerto, ajustada a las necesidades actuales, sociales, económicas y técnicas”.
Encomendando a sus representantes, “la realización de reuniones y la preparación de documentos, cuyas conclusiones deberán elevarse en un plazo máximo de 30 días”. Las cuales deberán contener “las alternativas técnicas, económicas, financieras y jurídicas que hagan posible la consecución de las obras”, las que luego serán enviadas, para su intervención a la Fiscalía de Estado, al Tribunal de Cuentas y a la Legislatura.
Entre los aspectos centrales del documento, se destaca además de la prestación de asistencia financiera deberá tenerse en cuenta la adecuación del proyecto, “los progresos técnicos que pudieran suceder en la especialidad, la importancia de mantener el conocimiento adquirido por los desarrolladores de la obra hasta el presente, sobre las condiciones de las construcciones existentes y del lugar en el que se emplazan; y la trascendencia de no sujetar la continuidad de la realización de las obras a variables presupuestarias o financieras de la provincia que pudieran conspirar contra la acelerada finalización del puerto”.
Agrega también, que a partir de la fecha y mientras ella se encuentre vigente el documento, se comprometen a no realizar por si o asociadas a terceros, directa o indirectamente, negociaciones, acuerdos y/o transacciones cuyo objeto sea coincidente o impida el objetivo del presente y a mantener bajo carácter de confidencial o no revelar a terceros cualquier información relacionada con la carta, que no sea disponible para el público, tal como estudios y proyectos técnicos, propuestas comerciales y/o económicas, planes de inversión y cualquier información relacionada con ellas, salvo que dicha revelación se lleve a cabo en cumplimiento de una obligación legal, orden o requerimiento emitido por autoridad competente.
Concluyendo que su firma, “no suspende el proceso judicial vigente, no implica novación alguna de las obligaciones originales, no genera ningún tipo de efectos y compromisos distintos a los indicados”, en la misma.

Berola destacó la decisión política de Ríos
Tras la firma, el Presidente de la DPP destacó la “firme decisión política” de la gobernadora Fabiana Ríos de dar continuidad a la obra, señalando que tal determinación “contiene el deseo de todos los que venimos trabajando en esto desde hace siete meses, y que hemos logrado encontrar la posibilidad de una financiación que nos libere de una deuda millonaria, y para que el Puerto Caleta La Misión sea una realidad”.
“Los capitales franceses van a financiar la construcción del puerto, la UTE que hoy tiene la obra en su poder va a seguir siendo contratada y como Estado tendremos la gran responsabilidad de que en estos treinta días se puedan establecer las condiciones para la firma del acuerdo definitivo” agregó el funcionario.
Respecto a las acreencias reclamadas por la empresa constructora Berola explicó que “si llegamos todos a un acuerdo, los franceses asumirían la deuda además de financiar la obra, y en contraprestación pedirían un plazo de concesión del puerto”. A la vez, adelantó que desde la Provincia “hemos pedido participar accionariamente de lo que será la explotación del puerto”.