El procurador general, Esteban Righi, jefe de los fiscales, ordenó investigar si la petrolera holandesa Fugro NV cometió delitos al explorar "la plataforma continental argentina" cercana a las islas Malvinas.
Righi le encomendó al fiscal general de Comodoro Rivadavia que designara un fiscal para verificar la situación y hacer, de ser necesario, la denuncia penal.
Según un expediente tramitado por la Cancillería, Fugro NV "habría realizado tareas de exploración de hidrocarburos", durante 2004 y 2009, en zonas aledañas a las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, territorios sujetos a la disputa de soberanía entre la Argentina y Gran Bretaña. Supuestamente, con una autorización expedida por este último país.
Según Righi, esto va en contra de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que instó a que ambos países "se abstengan de adoptar" ese tipo de decisiones mientras se mantengan las negociaciones por el conflicto de soberanía. Además, podría configurar delitos comunes, aduaneros y ambientales.
El gobierno británico ya dio en otras ocasiones licencias para la explotación y exploración de hidrocarburos en la zona en disputa que no motivaron actuaciones como ésta. La diferencia, explicaron fuentes de Cancillería a LA NACION, es que Fugro NV pretende operar también en territorio argentino. El problema es que cuando la Argentina denunció los tratados de cooperación hidrocarburífera con Gran Bretaña dispuso que las empresas que operen en la cuenca de Malvinas con licencias británicas o de autoridades isleñas no podrían trabajar en territorio nacional.
Hace algunos meses, Fugro solicitó que se levantaran estas restricciones. Afirmó que hacía tiempo que se había retirado de la zona en disputa en el Atlántico Sur y que era su deseo llevar a cabo tareas en la Argentina.
Como la empresa había estado operando hasta el año pasado, la Cancillería requirió la opinión de la Secretaría de Energía y de la Procuración, que ayer decidió promover una investigación por los posibles delitos de Fugro.
"Actos como los referidos son ilegítimos y de ningún valor, pues constituyen no sólo una afectación a la soberanía argentina, sino también al statu quo fijado por la Asamblea General de las Naciones Unidas", sostuvo Righi.