Argentina investigará si la empresa petrolera holandesa Fugro NV cometió delitos al buscar hidrocarburos en los alrededores de las islas Malvinas. Así lo dispuso el procurador general de la Nación, Esteban Righi, quien ordenó que se designe a un fiscal para que se aboque al tema. La petrolera realizó esas tareas de exploración con una autorización unilateral de Gran Bretaña.
Según el jefe de los fiscales, Fugro NV habría explorado “en lugares aún sin determinar, aledaños a las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur”, violando las resoluciones de Naciones Unidas que, a raíz de la disputa por la soberanía, llamó a los dos gobiernos a que “se abstengan de adoptar” medidas que agraven el conflicto.
El pedido de investigación tuvo su primer impulso en la Cancillería, que inició un expediente y lo envió al Ministerio Público. Tras analizarlo, Righi indicó que se debe investigar si se cometieron “delitos comunes, aduaneros y ambientales”.
El conflicto por las tareas de exploración en Malvinas se agravó a raíz del reciente descubrimiento de crudo en la zona. La compañía Rockhopper anunció que una prueba en el pozo Sea Lion 1 había producido tasas sostenidas de dos mil barriles por día y se mostró convencida de que se podría llegar a sacar el doble.
Tras el anuncio, el gobierno argentino insistió en su reclamo ante Naciones Unidas y en otros foros internacionales, como la reunión del G-20. Las quejas estuvieron vinculadas no sólo con el tema de la soberanía y la extracción de los recursos no renovables de nuestro continente, sino con el riesgo medioambiental que la actividad supone, cuyo ejemplo cercano es el desastre que provocó en el Golfo de México la petrolera inglesa BP.
Sin embargo, fuentes del gobierno británico dijeron a los medios de su país que consideran que la búsqueda de petróleo en el Atlántico Sur “es una actividad enteramente legítima” y que “los isleños tienen todo el derecho de desarrollar su economía”.
Las empresas habían informado sobre el inicio de las perforaciones en febrero. En aquel momento, el entonces canciller Jorge Taiana citó a la embajadora Shan Morgan para transmitirle una protesta formal. El Gobierno anticipó que utilizaría todos los medios legales para evitar que se quedaran con recursos naturales argentinos y días más tarde la presidenta Cristina Kirchner firmó un decreto en el que exigía un permiso a los buques que navegaran sobre aguas argentinas. La medida generó el primer cruce entre la Casa Rosada y la administración del conservador David Cameron. Cuando Héctor Timerman asumió como canciller tras la renuncia de Taiana, su primera gestión como ministro de Relaciones Exteriores consistió en exponer una denuncia ante el Comité de Descolonización de Naciones Unidas.
El fiscal que estará a cargo de la investigación deberá ser nombrado por la fiscalía general de Comodoro Rivadavia.