Luego de la publicación de ayer de Los Andes sobre la investigación de la Justicia mendocina, la Fiscalía de Estado y la Secretaría de Medio Ambiente, de la denuncia de posible contaminación de agua dulce con petróleo originada por un viejo pozo ubicado en la reserva de Llancanelo, la Cámara de Diputados informó que doce legisladores de las comisiones de Medio Ambiente, Urbanismo, Vivienda y Economía, Energía, Minería e Industrias se "trasladarán a la brevedad a las zonas petroleras ubicadas en la laguna de Llancanelo, en Malargüe", según explica textualmente un comunicado.
El objetivo de dicha visita que se realizará mañana será "conocer en el lugar las condiciones de la explotación hidrocarburífera en general y verificar el estado de situación de posibles pasivos ambientales ubicados en la zona".
De esta manera, indagarán "acerca del sistema de perforación que están utilizando en la zona y el estado de situación de los pasivos ambientales", explicó a este medio el diputado malargüino, Humberto Montenegro.
Este legislador además dijo que junto al diputado Raúl Vicchi, ambos de la UCR, han elevado ayer un pedido de informe a la Comisión de Medio Ambiente por esta denuncia por el derrame de petróleo en esta reserva ecológica.
Montenegro señaló que "no se puede responsabilizar de este hecho a los ciudadanos o lugareños", en alusión a las declaraciones que dio a este medio la empresa YPF del supuesto vertido de crudo en el acuífero. Según el argumento de la petrolera, el dueño del campo en donde está ubicada la surgencia les impidió terminar el llamado "acabado o cierre de pozo".
Para este diputado provincial "la falta de gestión y de responsabilidad tanto del Estado como de la empresa" han provocado este suceso.
Por otro lado, desde la Cámara de Senadores, Armando Camerucci envió una copia del proyecto de ley que procura crear, bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, la Fiscalía en lo Contravencional y de Faltas para la Prevención y Protección del Medio Ambiente.
Para ello la Fiscalía contará -dice la propuesta- con la formación de un cuerpo de peritos especializados en causas ambientales; herramientas informáticas, por las que se denuncie en forma sistemática y actualizada el seguimiento de cada denuncia; el trabajo con las distintas áreas de Gobierno para efectuar un trabajo coordinado y no meramente represivo en relación con la posible comisión de delitos ambientales, entre otros.