El Congreso nacional aprobó la Ley de glaciares que las provincias andinas consideran lesiva a sus intereses .
Históricamente, la Nación trató de apropiarse de los recursos naturales provinciales, como ocurrió originalmente con los minerales y luego con los hidrocarburos entre 1949 y 2007.
Hasta 1955 la Nación poseyó más de la mitad del territorio nacional, cuyos recursos naturales administró mediante “leyes convenio” como las leyes de bosques y fauna silvestre, a las cuales se esperaba que las provincias adhirieran.
La sanción de “leyes convenio” luego de la provincialización de los Territorios Nacionales, como las de aire, fauna y suelos, y la celebración de tratados internacionales sin atender a la opinión provincial hizo que las provincias vivieran al margen de las políticas nacionales .
Etiquetar una ley como de “presupuestos mínimos” no habilita al Congreso nacional a legislar como autoridad local sobre los glaciares ni sujetarlos a una autoridad nacional. La necesidad de que cada provincia designe una “autoridad competente” para su territorio remite a la experiencia de las “leyes convenio”.
Quienes así legislan no entienden el rol que cabe a la Nación al fijar “presupuestos mínimos” ni han reparado en el fracaso causado por la ausencia de políticas de consenso y la obstinada intención -nunca confesada- de alterar las jurisdicciones locales en beneficio de burocracias centrales .
Los “presupuestos mínimos” deberían plasmarse en organismos como la Comisión Ballenera Internacional, de la cual Argentina es parte desde 1946, que conjugan el exhaustivo análisis de cuestiones científicas y técnicas con la adopción consensuada de políticas por parte de los estados miembro.
Por último, tales “presupuestos mínimos” no pueden confiscar ni socializar recursos que pertenecen a cada provincia , apropiándose de parte sustancial de su valor, prohibiendo o gravando indiscriminadamente su uso, ni desatendiendo los intereses de las comunidades de cuya conservación dependen.