El Estado presentará mañana su reclamo ante el tribunal de arbitraje internacional, CIADI, por irregularidades detectadas en el caso de Aguas del Aconquija que fuera concesionaria del servicio de aguas en la provincia de Tucumán. Según difundió la oficina de prensa de la Procuración del Tesoro, el titular de esa dependencia, Joaquín da Rocha, el vicecanciller de la Nación, Alberto Dalotto, y el secretario de Finanzas del Ministerio de Economía, Hernán Lorenzino, presentarán la postura argentina mañana al Consejo Administrativo del Ciadi, con sede en Washington.
Agregaron que la delegación "también acercará propuestas al organismo internacional para mejorar el sistema de selección de árbitros y evitar la reiteración de este tipo de situaciones en el futuro".
En concreto, la Argentina reclama que en el proceso arbitral iniciado por las empresas Vivendi y Aguas de Aconquija, "se violaron los principios de imparcialidad y debido proceso, afectando los derechos de la República Argentina, al resolver arbitrariamente en forma desfavorable a nuestro país".
La delegación señalará la actuación de la árbitro suiza Gabrielle Kaufmann-Kohler, quien "intervino en la resolución del planteo cuando había sido designada como miembro del directorio del banco suizo UBS, entidad que es accionista de Vivendi". El fallo final, tuvo un voto separado: el del árbitro holandés Jan Hendrik Dalhuisen, quien denunció que "algunos miembros de mayor jerarquía de la Secretaría del CIADI se acercaron informalmente a los Miembros del Comité de Anulación, con vista a modificar el texto de la resolución que se hallaba en proceso de elaboración". El árbitro holandés agregó que esa situación "significó una gran tensión para el Comité" ya que puso en crisis los principios de independencia, transparencia y confidencialidad con los que debía actuar ese Comité.
Por otra parte, la representación argentina propondrá que la Secretaría General elabore un informe detallado sobre los procedimientos de selección de los árbitros y propiciará la conformación de un comité de expertos para que redacte un Código de Ética para árbitros, abogados y funcionarios del Secretariado del organismo.
El servicio de agua y cloacas estuvo privatizado entre 1995 y 1997, cuando se rescindió el contrato el grupo Vivendi, que tenía la concesión por 30 años. Por esta decisión, adoptada en el comienzo de la gestión del ex gobernador Antonio Bussi, se originó un juicio ante el Ciadi, en el que se condenó a la Argentina a pagar una suma millonaria.