El vicepresidente de la UCR, Raúl Moreno, y el referente del PJ disidente Oscar López presentaron en los tribunales federales un recurso de amparo para que cese la actividad en la planta de tratamiento de residuos de Overa Pozo. Fundaron su pedido en el presunto incumplimiento de la Ley Nº 25.675 (Política Ambiental). Según dijeron, las actuaciones para instalar un emprendimiento que pueda afectar el medioambiente deben realizarse con la participación de la población que pueda resultar afectada por esa actividad.
"Así lo prevé el procedimiento de prevención ambiental. La parte demandada (el Consorcio Metropolitano para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos; los municipios de capital, Banda del Río Salí, Alderetes, Yerba Buena, Tafí Viejo y Las Talitas; la Provincia y la empresa Servicios y Construcciones La Banda SRL) no dio información ni permitió la participación de los vecinos en el proceso. Planteamos una cautelar innovativa para que el juez ordene la suspensión de las actividades", dijo López.
"Es un reclamo que los vecinos vienen haciendo desde hace dos años; se han cercenado sus derechos. Acá hay una nulidad manifiesta de lo que dispusieron el Ejecutivo y los municipios, porque no se cumplió con los pasos procesales que establece la ley. Lo único claro acá es que es un gran negociado de quienes vienen lucrando, de alguna manera, ilegalmente con este tema", agregó Moreno.
Los letrados estuvieron acompañados por la diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Fernanda Reyes (Coalición Cívica), que visitó la provincia.