La firma inminente de un nuevo convenio sobre las aguas del yacimiento acuífero del Silala acaba de ser anunciado por el canciller David Choquehuanca a la Comisión Política de la Cámara de Diputados, oportunidad en la que hizo conocer que en breve se firmará un preacuerdo con Chile, acuerdo sobre el que el pueblo boliviano, propietario exclusivo y absoluto de esas aguas, no fue enterado ni en un punto ni una coma, en ningún momento. Esa autoridad agregó que el asunto es “consultado” en algunas zonas de Potosí.
Como en anteriores negociaciones el nuevo preacuerdo también se hizo con el máximo de los secretos y está viciado de errores sustanciales. En efecto, el Gobierno del “Estado Plurinacional” estaría vendiendo o autorizando el uso a Chile de un recurso natural (agua) inalienable e imprescriptible, violando en esa forma flagrante la Constitución en vigencia (Art. 349 y siguientes) y sin prever futuras circunstancias. De otro lado, fijaría un precio arbitrario por el metro cúbico del agua vendida, sin tomar en cuenta en absoluto las opiniones de su propietario, el pueblo boliviano.
Considerando esa actitud, el Ministerio de Relaciones pareciera que considera que las aguas del Silala no son propiedad de Bolivia, pues acepta que esas aguas son materia de discusión y que mientras no se haga un estudio, la mitad de las mismas sería de propiedad de Chile. Al respecto, en forma textual aseguró que “se abre un proceso de estudio que llegará a establecer la propiedad del recurso hídrico” (L.R. I-X). En realidad, en esa forma el canciller Choquehuanca olvida que las aguas del yacimiento acuífero del Silala son propiedad absoluta y exclusiva de Bolivia, aguas cuyo caudal fue desviado por Chile hace cien años y que fluyen en proporción de cien mil metros cúbicos al día y por las que no quiere pagar.
Por otra parte, el Canciller afirmó a los diputados que se llegó a un preacuerdo, inaceptable, por supuesto, por el que Chile pagaría a Bolivia 2 dólares el metro cúbico, pero ese pago sólo se haría sobre el 50 por ciento de las aguas, por lo que, al final, Bolivia sólo recibiría el pago de UN dólar por metro cúbico, monto por demás irrisorio y que no corresponde a la realidad, resultando la otra mitad un regalo al vecino.
En esa forma, la nueva negociación se basaría en que Bolivia no es propietaria del manantial del Silala y que sus aguas pueden ser vendidas y al margen de lo establecido por la Constitución y las luchas del pueblo boliviano, como si fueran de la hacienda privada de un funcionario público, algo similar a lo que hicieron hace pocos años algunos gobernantes bolivianos cuando vendieron las propiedades públicas como si fueran bienes privados de su hacienda, lo cual les valió la designación de “vende patrias” y por la cual ahora están sometidos a la acción de la justicia.
El nuevo preacuerdo tampoco hace referencia a la deuda histórica que reclaman el pueblo y las entidades cívicas de Potosí y según el dirigente Celestino Condori, el asunto no ha sido consultado a sus bases y de no ser tomado en cuenta ese punto, ningún convenio será aceptado. Finalmente, se insiste en que el debate no está en si las aguas son de río o manantial, sino en quién es propietario de las mismas, o sea que Bolivia es dueña absoluta de esa riqueza natural y la propiedad boliviana no se la negocia.