Un proyecto de Ley de autoría de la Legisladora Magdalena Odarda (CC ARI), propone prohibir la comercialización de agua a granel potable o no, con o sin tratamiento o proceso de ningún tipo, obtenida de fuentes agotables superficiales o subterráneas, del dominio originario de la provincia, de acuerdo con el artículo 124 de la Constitución Nacional , que implique directa o indirectamente su exportación.
Según informes de Naciones Unidas se estima que la cuarta parte de la población mundial vive con escasez de agua potable saludable y esta proporción se duplicará dentro de 20 años. La iniciativa fue presentada en el Parlamento de Río Negro.
“Razones humanitarias o de emergencia, Ejecución de convenios suscriptos con la Nación, con otras provincias, regiones, Estados u organismos internacionales, serían excepciones a lo dispuesto en el artículo antes citado”, declaró Odarda.
En caso de ser aprobada la Ley, la Diputada, detalló: “Toda justificación de encuadramiento en la excepción a la regla establecida por el artículo 2º, deberá contener, como mínimo y sin perjuicio de los demás recaudos que se establecerán por vía reglamentaria, la expresión del volumen, estado y demás características del agua que se intenta comercializar, los motivos por los cuales se pretende hacerlo, el destino, la identificación de la fuente de la cual se extraerá y los medios que se utilizarán para la extracción. Deberá acreditarse de forma fehaciente que no se afectará la provisión de agua en su función social, para usos humanos, sanitarios y agrícolas, además de la inexistencia o inocuidad de perjuicios para el ambiente, a través de un estudio y evaluación de impacto ambiental”.
“La Autoridad de Aplicación, deberá convocar a audiencia pública como condición previa a cualquier decisión. Evaluadas estas condiciones y si considerara viable la pretensión, se elevará la solicitud al Poder Ejecutivo para su autorización y se remitirán los antecedentes a la Legislatura. La autorización para uso comercial del agua pública, de acuerdo a las excepciones del art. 2, debe darse por concesión por ley de la legislatura”, señaló Odarda. Los organismos internacionales advierten en relación al agua que una cuarta parte de la población mundial, carece de acceso al agua potable salubre. El 40% de la población mundial no dispone de instalaciones sanitarias adecuadas. Unos 6.000 niños mueren cada día por alguna enfermedad relacionada con la potabilidad del agua. En ese sentido, la parlamentaria de la CC-ARI fundamentó: “según el último censo, 7.760.803 habitantes (21,60%) no tienen acceso al agua potable y 20.654.920 personas (57,50%) no tienen servicio de cloacas. Esta realidad tiene su contraparte: grandes empresas que ven en el agua un gran negocio y, de hecho, obtienen cuantiosas ganancias comercializándola. Tanto a granel como fraccionado, el agua que se encuentra en condiciones salubres y en abundancia en algunos países, es vendida en regiones del planeta donde resulta escasa o de mala calidad”.
Si bien en nuestro país contamos con agua en forma suficiente, su distribución no es homogénea. La insuficiencia de este recurso se hace evidente en las sequías que han soportado algunas regiones productivas, observándose también en las regiones donde se desarrollan actividades extractivas de gran magnitud y riesgo como es la minería a cielo abierto que promueven las empresas transnacionales a lo largo de nuestro país”.
Las principales compañías transnacionales que quieren acaparar el agua del planeta son: Vivendi-Veolia y Suez- ONDEO, ambas con sede en Francia. “Juntas controlan más de 70% del mercado de servicios del agua en el mundo”. Suez opera en 130 países y Vivendi en más de 90. Esta última ganaba hace una década 5 mil millones de dólares en el sector agua; para el 2002, el monto se había incrementado a más de 12 mil millones de dólares. Siguen en importancia la empresa RWE-Thames Water, de Alemania. "Las tres están entre las 100 empresas más ricas en el mundo, con un crecimiento anual de 10%" (EL ORO AZUL", agrega Odarda.
Por último, la Diputada de la CC-ARI subrayó: “Meses atrás una declaración pública sorprendió a la población en general cuando se supo que la empresa Makhena S.A., con sede en Miami y sucursal en la Capital , ofrecía por Internet exportar agua dulce del Paraná, el mercado sería Medio Oriente o África. Un socio de la firma reconoció que la exportación se puede realizar a granel en buques cisterna y sin procesar. Algunos legisladores provinciales y diputados nacionales han solicitado al Congreso Nacional que se prohíba la exportación de agua dulce del río Paraná. También, la diputada Verónica Benas ha propuesto extender esta prohibición a todo el país”.


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