Vecinos de localidades cercanas a la planta de residuos de Overá Pozo presentaron, a través de los abogados Raúl Moreno y Oscar López, una acción de amparo colectivo ante el fiscal general federal Antonio Gustavo Gómez, para frenar el funcionamiento de ese vaciadero, ya que advierten que se afectará a agricultores de la zona debido a que existen normas internacionales que prohíben la exportación de productos originados en zonas cercanas a basurales. Dicha presentación fue respaldada por la diputada nacional Fernanda Reyes, vicepresidenta de la Comisión de Medioambiente.
Ante esta situación, Nuevo Diario dialogó con el fiscal Gómez, quien resaltó que en los casos que se afecta al medio ambiente, “las denuncias no sirven” y remarcó que “en este conflicto de más de 20 años nunca se intentó avanzar fuerte en las denuncias penales y exigir indemnizaciones a Tucumán”.
Por ello hizo hincapié en que, según su punto de vista, de esa manera “habría una resolución al conflicto porque se dejaría de contaminar”.
Igualmente, el fiscal remarcó que “la administración de la justicia es bastante lenta en lo que refiere a acciones de contaminación”, pero reconoció que “hubo casos en donde hubo varios procesados”.
Por ello remarcó que en caso de presentarse una acción civil, se analizará “si hace o no, lugar al recurso de amparo prohibiendo que se lleve más basura a Overá Pozo”, y en lo que refiere a la causa penal que lleva adelante el juez Racedo, “debe decidir si se amplia la investigación por la contaminación a Overá Pozo al gerente Servicios y Construcciones La Banda SRL, que es el mismo que estuvo a cargo de Pacará Pintado y a él ya se lo había juzgado por contaminación”. Ante esta situación, manifestó que el mismo “puede quedar procesado” y remarcó que para ello, la “investigación debe ser encarada de forma más contundente” y que, particularmente, “yo ya estaría pidiendo procesamiento y las detenciones para que se deje de contaminar mediante un impulso procesal”.
En lo que refiere a la situación de Santiago del Estero, el fiscal precisó que “es difícil”, “porque es una zona de inclinación, ya que las aguas escurren a la provincia por las napas” y agregó que “si se perfora en el lugar donde se depositan los residuos, todos van a pasar a la napa freática de las aguas, por lo que se contaminarían”.

Lo que piden los vecinos
En la presentación, realizada ante el fiscal Antonio Gómez, se solicitó que se restablezca el derecho de los vecinos afectados de Tucumán y de Santiago del Estero, a ejercer el debido procedimiento preventivo ambiental planteado por la Ley 25675, “que obliga inexcusablemente a quien vaya a realizar una acción que puede afectar el ambiente, a hacer participar en la información y en el proceso de toma de decisión de la totalidad del proyecto”, precisaron.
Además, informaron que el amparo fue presentado “porque la provincia, el consorcio metropolitano que han creado las seis municipalidades individualmente (Capital, Yerba Buena, de Banda del Río Salí, de Las Talitas, Lules, y de las comunas de San Javier y de El Manantial) y la empresa (Servicios y Construcciones La Banda SRL) han violado esta disposición. Pedimos por medio de medida cautelar innovativa que, hasta tanto se realice este proceso legal, cese absolutamente la disposición de la basura”, explicó Raúl Moreno, al finalizar el encuentro.

Afirman geólogos
Estudio en Overá Pozo “no es exhaustivo”
Recientemente, geólogos manifestaron que en Overá Pozo no se hicieron los estudios necesarios para habilitar el lugar donde funciona la planta de tratamientos de residuos urbanos.
En este sentido, los geólogos Julio Plano y Fernando López, advirtieron que el estudio realizado en Overá Pozo por la consultora internacional Cooprogetti, no es exhaustivo.
Al respecto, recordaron que esa empresa fue seleccionada por el Banco Mundial, cuando Tucumán aún formaba parte de un plan piloto (junto con Chubut) para la elaboración de un programa integral de gestión de los residuos.
Según los especialistas, no existe ningún estudio de riesgo geológico detallado por parte de esa consultora. Por ello remarcaron que “sólo refiere de un modo superficial y general a los temas de hidrogeología, edáficos (suelos) y geomorfológicos. Además, tal estudio ha obviado totalmente cálculos de índices de vulnerabilidad del acuífero (Isca Yacu), de fotografías aéreas e imágenes satelitales”.
Agregaron que “posee igualmente la contradicción de señalar que en Finca Mayo existe la posibilidad de que la instalación de una planta genere grandes conflictos sociales, los que niega respecto a Monte Redondo (Overá Pozo), que dista a tan sólo ocho kilómetros”.
También, manifestaron que “el estudio estableció expresamente que Overá Pozo se trataría de una alternativa onerosa por la lejanía de los puntos de generación (de residuos), que solamente disminuiría los costos por tratarse de una propiedad fiscal, sin necesidad de expropiación o adquisición”, precisaron los geólogos en un informe.