El 13 de octubre se celebra el Día Internacional de la Reducción de los Desastres Naturales, que fue decretado a través de la resolución 44/236 del 22 de diciembre de 1989, oportunidad en la que la Asamblea General de la ONU designó el segundo miércoles de octubre como Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales, fecha que fue observada anualmente desde 1990 hasta 1999, según detalla un informe divulgado para la ocasión por el INADI.
En 2001, la Asamblea General decidió seguir observando el segundo miércoles de octubre de cada año, el Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales (resolución 56/195, de 21 de diciembre) como medio de promover una cultura mundial de reducción de los desastres naturales, que comprenda prevenirlos, mitigarlos y estar preparados para ellos.

La situación en Argentina
En nuestro país “existen numerosos grupos vulnerables que, antes de cualquier desastre, sufren una forma de discriminación que hace que tengan menos acceso a la escolaridad, a un trabajo, a un seguro social, a un documento de identidad o a un título de propiedad. Se afirma, una y otra vez, que la discriminación preexistente a un desastre complica mucho la vida de las personas. Son cosas previsibles que, si fueran reconocidas, podrían reducir la continuación de la discriminación. Los desastres no causan discriminación pero la exacerban y, en un contexto de emergencia, la discriminación puede poner vidas en peligro. Las personas más marginadas y vulnerables corren el riesgo de no sobrevivir a las crisis, y cuando lo hacen, pueden ser dejadas de lado en los planes destinados a que los/as damnificados/as se recuperen y recobren sus medios de subsistencia. Resulta más fácil abordar la discriminación en tiempos de estabilidad”, sostiene el informe del INADI.
La vinculación entre derechos humanos y desastres se basa en la relación intrínseca que la pobreza de un gran sector de la población tiene con la imposibilidad de ejercer sus derechos humanos, lo que genera y aumenta la vulnerabilidad social ante los desastres; y la situación crítica que experimenta el ejercicio de los derechos humanos por la población -sobre todo pobre- en las fases de emergencia, post desastre y reconstrucción.

La discriminación ante desastres naturales
Una persona mayor o con alguna discapacidad que depende de familiares o de vecinos para moverse, cuando ocurre un desastre, no tiene la misma capacidad que otra. Nacionalidad, sexo, color y religión son otros tantos motivos por los cuales la sociedad puede excluir a determinadas personas.
Entonces, “¿cuál es la realidad de esos grupos cuando sobreviene un desastre? Ocultadas, ignoradas o, simplemente invisibles, las personas más vulnerables, y aquellas que potencialmente tienen más necesidad, rara vez, por no decir nunca, ocupan el primer plano en las operaciones de ayuda. En toda sociedad hay grupos minoritarios que, en mayor o menor grado, son marginados debido a la nacionalidad, el color de piel, las divisiones tradicionales de clase, el género, la orientación sexual o, simplemente, porque son pocos. Algunos, como los pueblos indígenas o nómadas, pueden ejercer escasa influencia en el gobierno local o nacional; otros, como las minorías de nacionalidad o aquellos a quienes se considera de una clase económico-social inferior, viven en zonas aisladas y son rechazados por la sociedad. Todos ellos corren el riesgo de ser olvidados en una emergencia cuando se da precedencia a las necesidades de la mayoría. Por lo tanto, es indispensable que los organismos internacionales amplíen su campo de visión cuando sobreviene un desastre a fin de examinar la situación propia y concreta de todos los afectados y establecer medios más flexibles de evaluar y suplir las necesidades”, afirma el informe del INADI.
En la vida diaria, las personas con discapacidad pueden ser marginadas frecuente y sistemáticamente. En situaciones de emergencia, esa marginación se intensifica. Alguien que es ciego o sordo tal vez desconozca el plan de evacuación; alguien con movilidad limitada tal vez no pueda huir del peligro; alguien con dificultades de aprendizaje puede ser rezagado al final de la cola para recibir alimentos. Además, la propia discapacidad hace que esas personas sean vulnerables, lo que conlleva mayores probabilidades de que sus familias y comunidades las escondan o estigmaticen. Por lo tanto, es indispensable solicitar la opinión de las personas con discapacidad, escucharles y actuar en consecuencia tanto en lo que se refiere a la planificación como a la intervención en casos de desastre.
Mujeres y niñas siempre han sido víctimas de muchas formas de discriminación. En situaciones de emergencia, esas distintas capas de discriminación ponen en peligro particularmente a las mujeres. Puede suceder que en los sistemas de alerta temprana no se tenga en cuenta que muchas niñas no saben leer pues se les impide ir a la escuela. Las mujeres pobres, solteras y ancianas, las jóvenes y las que tienen una discapacidad están expuestas a mayores riesgos porque, en muchos casos, no disponen de protección alguna contra la violencia sexual y otras formas de violencia. Las embarazadas tal vez no tengan acceso a la salud reproductiva y, en los refugios, quizás no se las separe de los demás ni estén a salvo. En muchos países de Latinoamérica, las voces de las mujeres rara vez son escuchadas y tampoco se les permite intervenir a la hora de tomar decisiones. Por lo tanto, es indispensable que las mujeres participen, que se potencie su autosuficiencia y que se las dote de los medios necesarios para luchar contra la discriminación en todas sus formas.