Nuestro interés como nación soberana es ser tierra independiente, de prosperidad y progreso. Nuestro mayor bienestar económico depende de nuestra mejor inserción internacional: para recibir inversiones, para comerciar con el mundo, para multiplicar las fuentes de trabajo y la riqueza nacional.
El gobierno de Mujica ha dado un giro latinoamericanista a la política exterior del país que, en los hechos, pone en tela de juicio esta concepción del interés nacional.
La relación con Argentina lo ilustra claramente. Ha querido forjarse sobre nuevas bases de mayor empatía presidencial, pero en realidad se ha terminado favoreciendo a nuestros vecinos a cambio de nada. Hace algunas semanas, se negó permiso para recalar en Montevideo a una embarcación británica con destino a las islas Malvinas, con el objetivo de congraciarse con el peronismo en el poder.
Pero, en este sentido, lo más importante ha sido el monitoreo del funcionamiento de UPM, que le dio más a Argentina de lo que el fallo de la Corte Internacional de La Haya definió para ella. Esto recién empieza: en tema tan eminentemente político, creer en la objetividad de la ciencia vecina es muy ingenuo. Se divulgarán resultados (previsiblemente) negativos de las inspecciones: el "Programa de Vigilancia Ambiental en el Río Uruguay en la zona de Gualeguaychú-Botnia" ya advirtió esta semana, por ejemplo, sobre la detección de contaminación atmosférica en la ribera argentina del río.
El proyecto de construcción de una planta regasificadora en Montevideo, con capitales binacionales, pretende la complementación de nuevas fuentes de energía entre los dos países. Pero pasan los meses y no hay señales contundentes de avance en la materia por parte de Argentina. Como no las hay, tampoco, para la adjudicación de obra y los estudios de impacto ambiental en el dragado del río Uruguay, tan importante para nuestro país.
Quien crea que esta actitud es por flojedad argentina, se equivoca. Nuestra vecina es activa cuando defiende sus intereses. En mayo, decidió negar permisos de exportación a empresas que recalen en Uruguay y su destino sea Brasil. También, circula un borrador de proyecto de ley que manejan las autoridades portuarias porteñas para impedir que los tránsitos y transbordos de carga de ese país pasen por el puerto de Montevideo. Se trata, invariablemente, de restringir el papel logístico regional del Uruguay.
Nuestra posición también se perjudica por la desidia y lentitud de nuestros gobiernos de izquierda en tomar decisiones fundamentales en infraestructura. Las anteojeras ideológicas frenteamplistas han impedido en estos años, por ejemplo, inversiones privadas en puertos y ferrocarriles, o la mejora sustancial de nuestras telecomunicaciones.
Tenemos allí un retraso regional notorio y grave. El ministro Kreimerman reconoció que nuestras dificultades logísticas (en particular portuarias) conspiran contra la radicación de la multimillonaria inversión de Portucel, que seguramente termine en Mato Grosso do Sul. Para "Pepe coloquios" este proyecto era un "cuento chino"; lo cierto es que es bien real, pero probablemente beneficie a Brasil.
Definir una política de interés nacional precisa terminar con el alineamiento ciego a los intereses argentinos. Precisa asumir también, que la competencia por las inversiones que llegan a la región es feroz, y que ni Brasil ni Argentina están dispuestos a cedernos espacios.
Este principio de siglo es de bonanza para Uruguay; pero Sudamérica también crece como no lo hacía desde finales del siglo XIX.
Por delante, el desafío es que se va delineando la matriz productiva del futuro de la región. Nuestro mayor interés nacional es el de ser el corazón logístico e industrial del Río de la Plata.
Hay que exigir una política exterior distinta, que termine con las declaraciones presidenciales del tipo "tenemos que llevarnos bien" con Argentina porque es "un vecino importante" (¡vaya novedad!).
Hay que conjugar mejor el interés nacional. El nuestro.