Por orden del doctor Luis Armella, a cargo del Juzgado Federal de Quilmes, la policía detuvo a Miguel Víctor Franco, quien habría vendido terrenos ubicados en zona denominada Villa Inflamable, de la localidad bonaerense de Dock Sud, sin tener derechos sobre dichos inmuebles.
El procedimiento se realizó tras un relevamiento desarrollado en la zona por funcionarios de la Municipalidad de Avellaneda, en el marco de la ejecución del fallo "Mendoza" de la Corte Suprema. El magistrado ya le tomó declaración indagatoria a Franco.
Vale recordar que meses atrás se dispuso el allanamiento de una empresa metalúrgica ubicada en la localidad bonaerense de Avellaneda, a los fines de remover los obstáculos de esa compañía existentes en los márgenes del Riachuelo. Se trata de una arenera de la localidad de Avellaneda. Tras un requerimiento del Juzgado Federal de Quilmes se comenzaron obras de remoción. El objetivo es liberar el camino de sirga, ubicado sobre la orilla de la cuenca.
Según el magistrado, el objetivo es la liberación del llamado "camino de sirga" y la puesta a disposición de esa zona en forma inmediata y efectiva al Estado, para "evitar nuevas usurpaciones". Ello, en virtud de la exigencia de que los propietarios de tierras que limitan con cursos de agua están obligados a dejar un camino público de 35 metros hasta la orilla (camino de sirga).
Se trata de un predio ubicado en la calle Carlos Pellegrini 1030, en aquella localidad. Asimismo se especula con que se continuarán realizando los procedimientos por parte de la Justicia a fin de solucionar las cuestiones vinculadas al objetivo final que es el saneamiento de la cuenca.
Hay que aclarar que en este marco se han efectuado numerosos allanamientos y clausuras a empresas que se encuentran en las márgenes de las aguas; aunque consideran que los trabajos serán numerosos en torno a buscar el cumplimiento de las medidas judiciales.
La Justicia además no descarta que se produzcan otras detenciones enm virtud de las investigaciones que se están encarando por las irregularidades que se han detectado.
El allanamiento se había llevado a cabo por personal de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), conjuntamente conpersonal de la Prefectura Naval Argentina.

La Corte sigue impulsando que se agilicen las tareas
Asimismo, en el marco de agilizar las tareas de limpieza la Corte Suprema de Justicia de la Nación había ordenado apurar la limpieza de la cuenca Matanza Riachuelo tras dos años de la sentencia que ordenó el saneamiento integral de la cuenca.
"Transcurridos dos años desde ese pronunciamiento, y a pesar de los continuos requerimientos efectuados por el juez delegado, se advierten incumplimientos que no han sido debidamente justificados, circunstancia que obliga a esta Corte Suprema a encomendar al referido magistrado que adopte las medidas necesarias para el inmediato y eficaz cumplimiento de la sentencia", señalaba la Corte en su resolución.
La sentencia de la Corte data del 8 de julio de 2008, con la que ordenó que se resuelva de modo definitivo la prevención y recomposición ambiental de la cuenca "Matanza-Riachuelo", y le atribuyó al Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del juez Luis Armella, la competencia de la causa.
"Que en la referida sentencia esta Corte determinó que la autoridad obligada a la ejecución del programa y responsable de su cumplimiento oportuno, es la Autoridad de Cuenca contemplada en la ley 26.168", destacó la Corte en la resolución.
Y atribuyó al "el juez delegado" para que tome "todas las medidas" necesarias "para la ejecución de la sentencia". Y recordó que se encuentra "investido por esta Corte de atribuciones suficientes para la aplicación de las sanciones pecuniarias que considere adecuadas en orden a la gravedad de los incumplimientos verificados, las que se harán efectivas en la persona del Presidente de la Autoridad de Cuenca (ACUMAR) y de los demás funcionarios involucrados por mandatos específicos y determinados".
"En forma inmediata y bajo apercibimiento" de sufrir sanciones, la ACUMAR deberá instrumentar " un sistema de información digital de acceso público que contenga todos los datos, informes, listados, cronogramas, costos actualizados" de las tareas que se realizan, determinó la resolución.
En cuanto a las demoras en el saneamiento de basurales, agua potable, que el juez Armella ya había reclamado en junio, la Corte señaló que la ACUMAR deberá "identificar con precisión las causas y los funcionarios involucrados" en el incumplimiento del fallo, responsables que fueron multados por disposición del magistrado quilmeño.