El Gobierno de José Mujica dispuso que la planta productora de pasta celulosa UPM (ex Botnia) paralice su actividad, tras conocerse que la terminal alcanzó su producción anual permitida.
La noticia fue calificada por los ambientalistas de Gualeguaychú como «una falacia». «¿Quién puede creer que semejante monstruo esté paralizado hasta el año que viene porque ya alcanzó el cupo autorizado?», interrogó el asambleísta Gustavo Rivollier.
La decisión, según publicaron diarios uruguayos, fue impulsada por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), que solicitó a las autoridades de la planta que inicien el proceso para suspender la producción de pasta de celulosa, porque «cumplió en forma anticipada con la cuota anual autorizada».
«La planta está funcionando en forma óptima y alcanzó niveles de eficiencia muy importantes, por esto ya consiguió los niveles de producción ya autorizados para el período que culmina el 31 de octubre», indicó el titular de DINAMA, Jorge Rucks.
En tanto, desde la planta emitieron un comunicado en el que aseguran que ya comenzaron los procesos para paralizar la actividad en la planta instalada sobre las costas del río Uruguay y comenzar con las tareas de mantenimiento previstas en el cronograma anual.
En este contexto, diez integrantes de la Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú deberán declarar hoy ante la Justicia federal de la capital entrerriana en la causa iniciada por el Gobierno nacional por el corte de la Ruta Nacional 136, que conduce al puente internacional tendido entre Fray Bentos y Puerto Unzué.
La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná los citó para hoy a las 8.30 en los tribunales federales de Paraná, y los asambleístas concurrirán acompañados por integrantes de la organización que se opone al funcionamiento de la planta UPM (ex Botnia).
Los convocados son Sira Muñoz, Paola Robles, Cristina Limba, Víctor Limba, Alejandra Crimella, Jorge Fritzler, Juan Ferrari, Osvaldo Fernández, José Gómez y Juan Veronesi.
Los asesores legales de la Asamblea explicaron que en la audiencia los camaristas escucharán primeramente al fiscal Ricardo Álvarez, en tanto los jueces podrán realizar preguntas a las partes y luego se retirarán a deliberar.
En caso de que rechacen la apelación de la fiscal federal, Daniela Neyra, el expediente volverá al Juzgado Federal de Concepción del Uruguay y quedará confirmada la sentencia del juez subrogante Gustavo Pimentel, quien decidió no llamar a declaración indagatoria a los asambleístas por el corte de ruta por haber obrado en un error de prohibición invencible, lo que constituye una causal que los exime de culpabilidad.
Si, en cambio, los camaristas hacen lugar a la apelación, el expediente volverá al Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, pero el juez Pimentel quedaría apartado de la causa y se ordenaría la indagatoria a los asambleístas, tal como lo pide la fiscal federal Neyra, con un nuevo magistrado.
Un segundo grupo de asambleístas deberá declarar el 2 de diciembre en los tribunales federales de Concepción del Uruguay por el corte de dos horas de la Ruta 136 realizado el 5 de septiembre pasado, día en que se produjo la primera concentración de las cuatro previstas en Arroyo Verde.