El gobernador del Valle del Cauca, Francisco Lourido, solicitó a la Procuraduría General de la Nación que ordene la suspensión del proceso a través del cual la empresa Acuavalle pretende entregar un contrato para ejecutar obras de acueducto y alcantarillado por $165.000 millones en municipios de la región.
El Mandatario aseguró que su administración no conoce las condiciones de ese proceso, lo cual “es supremamente grave”, ya que se pretende ceder a particulares derechos económicos del componente tarifario por 20 años o el tiempo requerido para que el contratista recupere la inversión hecha en las obras.
“Ese es un contrato inoportuno, inadecuado y leonino donde se entregan todos los ingresos de Acuavalle para que los maneje un privado, que es el que va a operar y a usufructuar los recursos de la empresa en los próximos 20 años”, explicó Lourido.
El Gobernador aseveró que ese contrato, que se adjudicaría el 25 de este mes, es decir un día antes de que se realice la Asamblea de la entidad, equivale a “privatizar a Acuavalle y en eso no estamos de acuerdo. Lo quieren entregar antes de que yo pueda entrar a la Junta y cuando llegue no haya nada que hacer”.
Por esa razón, agregó, ayer viajó a Bogotá a hacer la solicitud formal a la Procuraduría, dado que lo que está en juego es el patrimonio público de los vallecaucanos, ya que no existe “claridad meridiana” para quien individualmente es considerado el mayor accionista de Acuavalle: el Departamento.
“Es un acto de la mayor gravedad que compromete por 20 años los recursos que provienen del componente tarifario para los servicios de acueducto y alcantarillado de Acuavalle, lo que a todas luces constituye una pignoración de vigencias futuras de la empresa, sin que se evidencie en los pliegos que se haya tramitado la autorización para comprometer esas vigencias presupuestales”, se dice en carta que se hizo llegar a la procuradora delegada María Eugenia Carreño.
Las obras a contratar están contempladas en el Plan de Inversiones 2010-2015 y se desarrollarán en 36 municipios del Valle.
Responde el Gerente
Frente a estas graves sindicaciones, el gerente de Acuavalle, Alex Pascual Loango, dijo que el Gobernador carece de información y no conoce la construcción del proceso, que ya lleva casi dos años trabajando.
“Esto no es una cosa inventada ni al azar ni tendenciosa y está ajustada estrictamente a los estatutos de contratación de la empresa y tiene todo el sustento legal y además técnico, porque son las obras que se necesitan y que por obligación tiene que hacer la empresa, en virtud de que están cobrados esos recursos vía tarifa a todos los usuarios y son de estricto uso en inversión”, explicó.
Según Loango, es “triste que el Gobernador esté replicando, porque recoge exactamente el texto que envió el Sindicato, que no ha hecho un análisis juicioso del asunto y está peleando por unas prebendas laborales” y aseveró que la empresa no se va a endeudar ni se genera inestabilidad laboral ni se incrementarán las tarifas.
“Lastimosamente el Gobernador no ha hecho un estudio juicioso del tema. Esto se sacó hace dos meses y se declaró desierto. Ahora lo que hicimos fue recoger observaciones recibidas e incluirlas en los términos de referencia, que se ajustan a la viabilidad económica de las fuentes de Acuavalle. Son obras que hay que hacer para que se siga prestando el servicio que necesitan los usuarios”, agregó.
Loango añadió que el Gobernador es libre para solicitar la intervención de quien quiera y que eso está bien, al tiempo que acotó que también invita a todos los organismos de control que acompañen el proceso de contratación. “A lo que dice el Gobernador no le hallo fundamento, pero les responderemos sus inquietudes. Además, aquí no hay ninguna intención de manipular el proceso ni de entregar el contrato a alguien en particular, porque de haber sido así, no lo hubiera declarado desierto la primera vez”.

Habla el Sindicato
La presidenta del Sindicato de Acuavalle, Margarita López, agradeció la gestión del Gobernador, porque la agremiación considera que ese contrato es inconveniente para la sobrevivencia futura de la empresa.
“Con ese proceso se está poniendo en peligro el agua de 700.000 vallecaucanos. Acuavalle es un patrimonio público, eminentemente social, que garantiza el agua potable a todos los municipios a los que sirve. Esto implica un contrato de $165.000 millones, que con el repago al contratista puede superar los $300.000 millones”, argumentó la líder.
La señora López dijo que apoyan la petición del Gobernador para que la Procuraduría llegue a Acuavalle y revise este proceso y toda la ‘contratitis’ que hay en la entidad. “Sí se está actuando de manera transparente, como dice el Gerente, no debe haber problema para que intervenga el Ministerio Público”, añadió.

El contrato
Entre las obras están el acueducto regional Pradera-Florida-Candelaria.
También se incluye el acueducto Andagrande, para los municipios de Andalucía y Bugalagrande.
De igual forma se han planteado obras en los municipios del norte del Valle y que están situados en la zona de influencia del acuducto Brut.
Jamundí y al menos otros 20 municipios están incluidos.