Hace apenas un siglo, y a despecho de la incipiente contaminación con taninos de las curtiembres, en el Riachuelo aún se celebraban regatas. Desde entonces, mucha agua ha pasado por debajo de sus puentes. Cada vez más lenta, espesa y contaminada por detritus, hidrocarburos y metales pesados. El biólogo Javier Corcuera fue el presidente de la Fundación Vida Silvestre y es ahora el presidente de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad, dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Corcuera anunció que, ahora sí, es inminente el lanzamiento de la primera fase de la recuperación del eje fluvial Matanza-Riachuelo, posiblemente el más contaminado de todo el ancho mundo. Dicha fase consiste en la recuperación en ambas riberas del llamado “camino de sirga”, que al igual que la costa marítima es, por definición, un espacio público. Pero que hace décadas que viene siendo ocupado por asentamientos y particulares.
Corcuera reconoce que el motor que impulsa el saneamiento de la cuenca es la decisión de la Corte Suprema de obligar a la Nación, la Ciudad y la Provincia a coordinar acciones en el seno de una Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) dotada de todo el poder necesario. Él es, precisamente, uno de los dos directores de la Acumar por la Ciudad, y el portavoz allí del ministro de Ambiente y Espacio Público porteño, Diego Santilli.
Para romper el fuego, el cronista le comentó a Corcuera que allegados al ministro Santilli le han comentado que la Corte, a través del juez federal de Quilmes, Luis Armella, está presionando. “Tiene a los de la Acumar agarrados de los gobelinos”, fue la expresiva y jocosa frase que sintetizó la situación.
“Está bien que sea así, no veo otra manera de romper la inercia –concede Corcuera–. Es un experimento que tiene sus beneficios y también sus costos, porque exige tiempos difíciles de implementar y provoca muchos escozores en el sector privado, que se queja de no tener posibilidades de reaccionar a tiempo. A mí, sinceramente, no me parece mal. Hay mucha necesidad de mostrar hechos. La Corte está forzando a que quienes integramos la Acumar adoptemos una mirada interjurisdiccional. Es todo un cambio de cultura. Y estamos obligados a implementarlo en una época difícil, porque el año que viene es electoral. En estas circunstancias, pretender un buen alineamiento de los tres planetas, Nación, Ciudad y Provincia, que encima incluye 14 municipios, es todo un desafío.”

–El juez condenó a los directores de la Acumar a pagar en forma solidaria una multa diaria de 4.000 pesos. ¿La están pagando?
–Momentáneamente el pago está suspendido. Se efectivizó sobre los haberes del presidente de la Acumar, que es Homero Bibiloni (secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación). Pero después, el juez la suspendió temporariamente.

–Quedó pendiente, como la espada de Damocles. Para la Corte la prioridad es liberar la ribera, las orillas.
–Así es. Lo que se llama el camino de sirga. Los bordes del Riachuelo constituyen un área que es necesario mantener libre de residuos y de presencia humana a causa de algo tan elemental como es el control de las inundaciones. El camino de sirga es uno de los objetivos centrales del Plan Integral de Saneamiento y una de las urgencias que le impone el juez Armella a la Autoridad de Cuenca. Mi visión es coincidente: son necesarias acciones rápidas y hay posibilidad de realizarlas y una vocación creciente de todas las partes de trabajar juntos. Por un lado está el tema de la basura, los microbasurales. Por otro, el de los asentamientos precarios.

–Que en la Capital son tres, pero en la provincia, doce.
–Y que también implican villas que están en estado de urbanización. Lo que implica quitar una serie de viviendas del camino de sirga y buscarles reemplazo. Estamos hablando con la Nación para ver qué tipo de soluciones se puede encontrar. Porque, bueno, estamos hablando de recursos importantes y de una sincronía en la acción que tiene que ser lógicamente consensuada.

–¿Por qué? ¿La Ciudad no basta para relocalizar esas tres villas? Dos son muy pequeñas.
–La Ciudad no puede hacer las cosas por sí misma de la misma manera en que tampoco pueden hacerlo los catorce municipios del conurbano: necesitamos que haya planes nacionales de vivienda. Porque una cosa es hacer cuatro casas y otra tener que resolver, qué sé yo, 1.700.

–Bueno, la construcción de viviendas populares a través del Instituto de la Vivienda (IVC) no es precisamente un blasón de muestra para el Gobierno de la Ciudad: no construyó ninguna.
–No, claro. Es todo un tema. Pero tenemos una oportunidad para trabajar junto con la Nación y llegar a acuerdos, ¿no? Tenga en cuenta que enseguida que asumí, me encontré condenado. Lo cual, insisto, no está mal. Porque me parece bien que los funcionarios soportemos presiones para actuar cada vez más y mejor. Asisto a un alineamiento creciente entre las diferentes jurisdicciones para realizar acciones concretas. Mi posición es no aceptar eslóganes ni plazos temporales ingenuos. Hay que trabajar cuadra a cuadra.

–¿En qué fase están las tareas de recuperación? ¿Cuáles son los acuerdos a los que se llegó?
–El juez planteó la necesidad de sostener la primacía de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo sobre la de la Ciudad y los municipios en lo que hace al control y la fiscalización. Lo cual tiene implicancias jurídicas que la Ciudad deberá evaluar en su conjunto. Y es que se trata de un tema de fondo. Porque si yo te digo que a partir de ahora, como vos usás mal tu baño, el baño lo va a manejar otra jurisdicción, otro dueño que no sos vos, bueno, es algo que vos, de algún modo, en algún momento vas a querer que haya una reflexión profunda sobre cómo debe funcionar. Porque de algún modo afecta tu soberanía.

–En este tema, las distintas jurisdicciones delegan su soberanía en un ente suprajurisdiccional.
–Una delegación que tiene sentido, insisto, a la vista de lo que ha sido una histórica inacción.

–No parece haber otra manera.
–No. Pero, claro, en algún momento, cuando ya empiece a aparecer nítido el movimiento conjunto y bien coordinado entre las tres jurisdicciones dentro de la Acumar, eso va a ser algo que todas las jurisdicciones van a querer charlar.

–Dicen que cuando el carro se pone en marcha, los melones se acomodan.
–Está el tema de las clausuras, las intimaciones, el control y la inspección a las plantas, a las industrias, a las pymes que siguen descartando vertidos de manera ilegal al Riachuelo, estamos consustanciados con el mandato de la Corte y del juez federal de Quilmes. Hay consenso en que esto requerirá un esfuerzo cada vez mayor. El juez nos impone que todo se haga en el marco de la Acumar, lo que nos obliga a actuar de una manera distinta a la que estamos acostumbrados. Porque, por ejemplo, la Acumar tiene menos inspectores que la Ciudad. Y se les exigirá mucho.

­–¿Cuantos inspectores tiene?
–Treinta y pico. Para una cuenca de 2.240 km2. De los que a la Ciudad le corresponde alrededor del 10 por ciento.

–Pero lo más importante y acuciante está acotado. Es reorganizar la zona ribereña. ¿Hay industrias alejadas que vierten sus efluentes contaminados al río?
–Hay. A raíz de una inspección con robots adentro de caños fluviales que realizamos en el curso de una mañana tuvimos que clausurar cinco industrias, dos de las cuales estaban a unos 300 metros del Riachuelo. Habían hecho grandes obras, completamente ilegales. Zanjas para contener largos caños de dos cuadras de largo para conectarse con los fluviales. Cuando entrás a esas plantas y las clausurás, identificás que la zona ribereña del Riachuelo es una zona olvidada no sólo a los efectos de los vertidos tóxicos y la acumulación de basura: es una zona fuera de la ley. Me ha pasado de estar en una planta y enterarme de que encubría un desarmadero de autos robados. Y en otra descubrir en el piso superior, hacinados en un rincón, a 30 chinos y tener que dar intervención a la fiscalía por trata de personas.

–Parece el Far West. O el Far South, para ser más precisos.
–Es una zona donde todos hemos ido dejando abandonadas nuestras peores cosas. Y ahora se trata de emprender un trabajo valiente y concreto, de llegar a acuerdos, primero, para detener los vertidos, lo que implica controlar mucho más no sólo las plantas fabriles, sino todas las actividades contaminantes. Y, segundo, el problema de la basura, que no se resuelve solamente limpiando: hay que evitar que ingresen camiones con basura.

–Lo que implica reforzar la vigilancia.
–Lo que tiene relación directa con el tema de la seguridad. Hay zonas que son de alto riesgo. Vos mandás inspectores y se divierten tirándoles piedras. Y en algunos rincones se divierten baleándolos. Es por eso que el juez ha planteado que debe haber una coordinación de las policías y fuerzas de seguridad.

–¿Qué diferencias hay entre ambas riberas del Riachuelo?
–En las últimas décadas la Ciudad tuvo programas de mejoramiento. En los últimos años puso en vigencia un programa de reconversión industrial que se llama “Buenos Aires produce más limpio”, que ayuda a las empresas a cumplir las normas, que otorga créditos para obras de infraestructura que les permitan cumplirlas.

–Para construir plantas depuradoras.
–No sólo. También incluye procesos de limpieza. Y de actividad más limpia, de mejora de los procesos industriales. Y la Acumar tiene planes específicos que se han activado fuertemente en los últimos tiempos, a partir del censo que hicimos las tres jurisdicciones, censo que arrojó que hay 20 mil empresas empadronadas.

–¿Cuál es la aplicación práctica de esa información?
–Nos permite darles volumen a los planes de reconversión industrial en el ámbito de toda la cuenca y hacerlo bajo un mismo esquema. Porque el juez federal Armella enfatiza con justa razón que tenemos que tener un presupuesto y un esquema común de trabajo para los diferentes temas. De modo que haya equidad en el tratamiento a uno y otro lado del río, que haya planes consistentes en ambas orillas.

–¿Cuál ha sido hasta ahora el impacto concreto de esta presión de la Justicia?
–Estamos embarcados en un cambio muy grande. Porque hasta ahora los diferentes municipios han tenido comportamientos muy distintos en relación al tema basurales, al tema plantas industriales, a cómo se las tiene registradas, cómo se las intima y se las multa. A una estandarización a la que tenemos que proceder a la fuerza, sobre el pucho y velozmente, lo que inevitablemente hace que haya inconsistencias. Pero aún así, se avanza.

–Lo primero es despejar el camino de sirga. Y sobre él, de este lado, hay tres villas.
–Se están negociando acuerdos con la Nación para el tema relocalización. El camino de sirga es un espacio público que tiene que estar despejado. Implica también asegurar este espacio público. Tenemos que ir corriendo uno por uno a los particulares que lo ocupan, algunos de los cuales han tenido en distintas épocas habilitaciones para emprender diferentes actividades. Y que tienen que darse cuenta de que, sí o sí, se tienen que correr 30 o 40 metros.

–¿Qué ancho tiene el camino de sirga?
–Es variable. Hay zonas donde tiene entre 20 y 30 metros y zonas donde tiene un poco más. Está entre los 20 y los 40 metros.

–¿Ya se empezó con esta tarea?
–No, y tampoco estoy en condiciones de decir por dónde empezaremos. Se está discutiendo ahora mismo. Es todo un problema porque, como te podés imaginar, si digo que vamos a empezar a hacer obra, a relocalizar a gente que ocupó irregularmente tu cocina, lo primero que puede ocurrir es que se instalen 78 familias más en tu cocina para negociar desde ahí cómo conseguir entrar a un departamento. Por eso no estamos informando, no comunicamos nuestros movimientos.

–Sé que se han hecho varios censos.
–Estamos tratando de homologarlos en la Acumar. No queremos adelantar más información porque detectamos que hay todo un sistema... Queremos garantizar que no haya familias que no se encuentran hoy sobre el camino de sirga que se incorporen a los planes de relocalización.