"No descartamos hacer una medida judicial, lo hemos visto como una posibilidad cierta. Incluso, en el último congreso pampeano del agua en septiembre, se han presentado mociones en ese sentido de gente que ha hecho estudios. Todavía no tiene entidad política máxima, no se ha tomado como acción inmediata pero no sé si mañana llama el gobernador y me dice una cosa distinta. Está en estudio". El panorama lo describió a DIARIO DE CUYO Néstor Lastiri, quien es funcionario de la Secretaría de Recursos Hídricos de La Pampa y delegado ante la comisión de seguimiento de la Cuenca de Desaguadero.
Hablaba justamente sobre esta cuenca, que tiene 8 provincias usuarias. San Juan es una de las beneficiarias aguas arriba de los caudales y los pampeanos están aguas abajo.
La Pampa viene reclamando en el Consejo Hídrico Federal (Cohife) y con dos proyectos de ley en el Congreso de la Nación para que San Juan les consulte cuando haga obras que puedan afectar la llegada de agua al Sur, en particular los diques (Punta Negra en construcción y El Horcajo en estudio). Ya se quejan de grandes sequías.
Los pampeanos ya tienen un historial de lucha por el agua en la Justicia, con el caso del Río Atuel con Mendoza que se hizo ante la Corte Suprema, como podría darse ahora versus San Juan.
"Hay mucho malestar en La Pampa con San Juan por el uso del agua porque no se entiende que no haya la más mínima solidaridad con nuestro problema. En lugar de tratar de ver cómo se puede arreglar, se plantan en que esta agua es mía y nosotros llegamos primero", analizó Lastiri.
El titular de Hidráulica de San Juan, Jorge Millón, opinó que "no creo que esto tenga asidero, pero están en su derecho de intentarlo". Y agregó sus razones: "la Cuenca del Desaguadero no es una cuenca que pueda llevar continuidad y San Juan y Mendoza ya tienen derechos otorgados, y estimo que ya hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia en el caso de La Pampa versus Mendoza, de que esos derechos son anteriores".
La Pampa apuesta a que se arme un comité ad hoc que debe revisar el funcionamiento de la cuenca, que está previsto por ley hace años pero que los pampeanos aseguran que no se concreta por falta de interés político de las otras provincias bañadas por Desaguadero, incluida San Juan. Millón aseguró que no hay intenciones de huir a esto pero reconoció que no es de fácil resolución: "nosotros participamos en las reuniones y hay sólo cuestiones preliminares y la única conclusión es que faltan datos. La idea es pedir colaboración de la Nación y no sé si se ha logrado. Es a largo plazo".
De todas maneras, aunque se lograra crear esta comisión reguladora, San Juan no parece dispuesta a acatar lo que pide La Pampa de que se les consulte a las provincias involucradas cada vez que se quiera hacer una obra sobre un río. "La provincia no reniega de su participación en cuanto foro por el agua exista pero eso no se trata de pedir una cuota de agua. Hay que ver el agua precipitada en San Juan para qué alcanza. Y este año y muchos más están complicados. Nosotros tenemos una gran limitante que es el agua entonces es muy difícil decir que dejemos pasar agua para abajo, si somos una zona árida por excelencia".
El argumento de La Pampa es el mismo: "A nosotros nos impacta en la parte ambiental porque el río cuando pasa de 6 m3/seg a 1 m3/seg aumenta la salinidad y ninguna especie aguanta, queda desertizado. Y luego es un impacto productivo", sentenció el funcionario que responde al gobernador Oscar Jorge (PJ).
Y remató: "Nosotros simplemente queremos acordar los usos del agua, que no se nos corte el río como nos está pasando. No puede ser que se hagan obras arriba como Punta Negra, como Los Caracoles y todo lo demás, sin interesarles qué pasa aguas abajo".