El juez federal de Quilmes, Luis Armella, intimó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, bajo advertencia de multar a funcionarios, a presentar un plan para liberar el llamado “camino de sirga” en las márgenes del Riachuelo, en el marco del cumplimiento de la orden de la Corte Suprema de Justicia de sanear la cuenca Matanza-Riachuelo.
La intimación involucra a los ministros de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli, y de De- sarrollo Urbano, Daniel Chaín, pero también al responsable de la administración de la cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), Homero Bibiloni.
En una resolución firmada ayer, Armella –el juez encargado de hacer cumplir la sentencia de la Corte que ordena la limpieza del Riachuelo– exigió que en diez días se le presente un informe sobre los planes para desalojar del lugar a quince empresas que hoy ocupan un espacio ribereño que, según el plan de saneamiento, deberá ser un espacio verde, con la fecha límite exacta para terminar con esta parte del proyecto.
“Es indispensable” que se arbitren “los medios suficientes para llevar adelante las medidas necesarias para la liberación definitiva de dicha traza geográfica” y que además “impidan la realización de nuevas construcciones en ese espacio público, o reparación de las ya existentes, deterioramiento de terrenos, y/o cualquier tipo de obra o acción obstaculizadora de esa área”, advirtió Armella.
El magistrado adelantó que “en caso de no respetarse las exigencias y plazos establecidos” de una manera “efectiva, fehaciente, concisa, acabada y pormenorizada”, los funcionarios incurrirán “inmediatamente y sin más contemplaciones en la responsabilidad correspondiente por mandatos específicos y determinados al incumplimiento a una orden judicial”.
Armella resaltó en el fallo que, si bien todavía falta para ejecutar la total liberación de la franja, en lo que refiere a provincia de Buenos Aires ya se de- salojaron empresas de manera compulsiva y se coordinó la mudanza de otras, algo que aún no ocurrió en la ciudad de Buenos Aires.