La relación entre las provincias de La Pampa y Mendoza no ha sido fácil por razones bien conocidas. En las últimas semanas se volvieron a reeditar esas diferencias de criterios cuando una ley tan sensible a las economías locales, como la de promoción industrial, comenzó a ser tema de discusión. Y nada menos que involucrando a la misma Presidencia de la Nación.
No puede estar ajeno al debate por la promoción industrial la cuestión de que ambas provincias comparten el curso de un río, aunque Mendoza haya decidido que debe hacer uso y abuso de sus aguas sin importarle su vecino sureño. La sociedad pampeana, frente a esta situación, ha logrado mantener una larga tradición de lucha y reclamos por el río. En los últimos tiempos esas justas demandas han tenido renovada expresión con la iniciativa legislativa tendiente a que se le reconozcan a nuestra provincia los daños ambientales y económicos sufridos por el corte del Atuel que implicaron consecuencias fatídicas para buena parte de su territorio.
Esta semana, desde Mendoza, nuevamente surgieron ataques hacia La Pampa por haber "impedido" que la presidenta firmara la ley de promoción industrial para la mayoría de su territorio. Y se reavivó el debate sobre la relación "bilateral" entre ambos estados provinciales. La queja de los mendocinos hace pie en las pérdidas económicas que sobrevendrán por haberse frenado esa decisión de Nación.
Debe sonar extraña a los oídos pampeanos esa destemplada acusación cuando la mitad de su territorio está postergado -y desertificado- en buena parte por las políticas hídricas mendocinas. Esa región, que supo ser tierra fértil y con abundante agua provista por los ríos Atuel y Salado-Chadileuvú, que había dado lugar a emprendimientos agrícolas y ganaderos de interesante proyección, se convirtió en un inmenso erial cuando en Mendoza se levantaron los diques que cortaron definitivamente el paso del agua.
La semana pasada una noticia dio cuenta de ese atraso. Un grupo de dirigentes del Frepam recorrieron las escuelas hogares y resaltaron la vida de penurias y carencias de puesteros y pobladores del extremo oeste. Esos padecimientos denunciados por la oposición fueron ratificados por un diputado provincial del justicialismo. En la misma nota se resaltaba los avances que hubo en infraestructura y transporte para las escuelas hogares en la anterior gestión pero no se podía evitar observar, en el marco general, el atraso estructural de una amplia región.
Frente a este cuadro, los reclamos de La Pampa ante la Justicia o las autoridades nacionales, están justificados por tantos años de postergaciones. Ya sea producto del corte de un recurso fluvial que sumió al oeste en la pobreza o de la falta de una política nacional -coherente e integradora- de promoción industrial.
No aparecen estos reclamos como producto de un exacerbado localismo de miras estrechas, sino parte de una lucha sostenida en defensa del patrimonio provincial. Cuando observamos las imágenes del oeste que nos muestran "la otra mitad" de lo que somos, también podemos ver que las causas no sólo hay que buscarlas en las falencias de políticas públicas locales sino, también, en el despojo de un río.
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