Una nueva comitiva de autoridades del Ministerio de Obras Públicas y de la Asociación Rural constató en el terreno que el desvío de las aguas del río Pilcomayo, abierto en forma ilegal por la Argentina hace ya varias semanas, continúa habilitado. Contraviniendo claramente los acuerdos binacionales sobre el aprovechamiento conjunto del cauce, Argentina habilitó un canal en un punto arriba de la bifurcación que distribuye el líquido entre el territorio paraguayo y la provincia de Formosa. La situación puede ser crítica en poco tiempo, considerando que se avecina un periodo de fuertes sequías, lo que podría agravar aún más las condiciones de los establecimientos ganaderos en el lado paraguayo. El cauce paraguayo se quedaría seco en poco tiempo si no se toman en forma urgente las medidas de corrección necesarias. Tanto el gobierno nacional argentino como el provincial de Formosa han ignorando completamente todos los reclamos de nuestro país.
El caso es una muestra más de la desidia y la debilidad que caracterizan la política exterior del Gobierno. Hay que decirlo con todas las palabras: las obras argentinas constituyen un evidente atentado a la soberanía nacional paraguaya y carecen además de la más mínima legalidad. Es un robo al país, cometido con total desparpajo, a la luz del día y la vista de cualquier observador. Correspondía está claro la más enérgica reacción de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, poniéndose el mismo canciller a la cabeza de las gestiones y equipos de trabajo con el fin de retornar en el más corto plazo posible a la normalidad y a lo que dictan los acuerdos referentes al Pilcomayo, en plena vigencia, por lo demás. Lamentablemente, sin embargo, la actuación de la Cancillería se redujo a acciones tibias, burocráticas y rutinarias.
Alguna carta pidiendo explicaciones, una convocatoria al embajador argentino sin consecuencias –salvo aquellas declaraciones del diplomático afirmando que las quejas de Paraguay eran “exageradas”– unas reuniones de equipos técnicos que no avanzan nada porque la resolución de estos problemas solo pueden ocurrir en ámbitos políticos. En definitiva, una cancillería timorata que exhibe una exasperante pasividad ante abiertos ataques a los intereses nacionales. Las autoridades responsables de la política exterior paraguaya parecen suponer que la diplomacia consiste en el intercambio de condecoraciones, recepciones sociales o bellos discursos en encuentros internacionales. El primer deber de la Cancillería, por debajo del cual se ubica todo lo demás, es la defensa irrestricta y firme de los intereses de la Nación.
Puede sonar a una obviedad, pero no lo es a la luz de la actuación del Ministerio de Relaciones Exteriores que opta por no incomodar a nuestros poderosos vecinos antes que asumir la protección irrenunciale de nuestros derechos.
Fernando Lugo y sus colaboradores llegaron al Gobierno prometiendo el cambio. A poco más de dos años de asumir las riendas del Ejecutivo, ese cambio se demora aún en materia de política exterior, como en otros campos. Durante décadas, el Paraguay cedió sus posiciones en cuanta controversia, pequeña o grande, surgiera en la región. En la actualidad, nuestro país sigue asumiendo este triste papel. Si la Cancillería no logra que se respeten los acuerdos en torno a un curso de agua, ¿Qué puede esperarse de otros asuntos mucho más importantes para el futuro del Paraguay?