Luego de casi un año de trabajo, el agua potable por fin llega al barrio San Ignacio, en Esteban Echeverría. La Provincia firmó esta semana con el Municipio el contrato para construir la red domiciliaria que llevará este servicio a este populoso barrio de la localidad de El Jagüel. Las obras se enmarcan en el Programa Mejoramiento de Barrios (PROMEBA), y demandará una inversión superior a los 3.600.000 pesos.
La firma del contrato estuvo a cargo del subsecretario Social de Tierras de la provincia de Buenos Aires, Pablo Gualchi, quien estuvo también en la apertura de sobres de la licitación, en marzo de este año.
La obra beneficiará a unas 1500 familias, y tiene una especial importancia, ya que en la zona se denunció que el agua de los pozos que consumen hasta hoy los habitantes de este barrio está contaminada. Incluso, un informe de bromatología municipal confirmó esto.
“La obra pública y la regularización dominial son ejes fundamentales de esta gestión”, sostuvo Gualchi. El funcionario confirmó que estas obras, que tendrán una inversión total de 3.650.000 pesos, serán ejecutadas por la empresa AICON S.A., en un plazo de contrato de siete meses y beneficiarán a 1500 familias carentes de infraestructura básica.
Según la información suministrada por Provincia, los trabajos consisten en la construcción de cuatro perforaciones en el acuífero Puelche, con sus cañerías de vinculación y conducto principal de distribución de agua potable. La provisión domiciliaria de agua quedará a cargo de la concesionaria Aguas y Saneamientos de Argentina (AySA), que lo hará a través del programa “Agua más Trabajo”.
El PROMEBA contempla un programa integral de intervención que comprende, además de las obras descriptas, el desarrollo de un trabajo social con la comunidad y un programa de regularización dominial para la gestión de escrituración de los lotes y las viviendas a favor de los vecinos.
“Con la decisión política del gobernador Daniel Scioli y el apoyo constante de la ministra Cristina Álvarez Rodríguez, la obra pública y la regularización dominial son ejes fundamentales de esta gestión”, sostuvo Gualchi respecto de las tareas que se desarrollan desde el Ministerio de Infraestructura, a través de la Subsecretaría Social de Tierras.
Asimismo, con una inversión adicional de 12 millones de pesos, se están llevando adelante las licitaciones de la segunda y tercera etapas de obras a realizarse en el barrio, consistentes en la ejecución una planta potabilizadora por sistema de ósmosis inversa para mejorar la calidad del agua del área y la extensión de red de desagües cloacales. Así se invertirán más de 15,5 millones de pesos en obras de infraestructura de servicios básicos.
Participaron de la firma, además, el coordinador ejecutivo de la Unidad Ejecutora Provincial de PROMEBA, Andrés Fernández; el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Esteban Echeverría, Ángel Camillieri; el subsecretario de Medio Ambiente, Lautaro Lorenzo; el presidente de la firma contratista, Carlos Beresiartúa; y el jefe de Obra, Pablo Beresiartúa.
Desde el año pasado, organizaciones ambientalistas y vecinales vienen denunciando la contaminación de los pozos de agua de San Ignacio, por lo que reclamaban la construcción de la red de agua potable. En este sentido, la alarma de los vecinos se generó a partir de la sospecha de que los efluentes que genera la industria local pudieran ser volcados en el curso del Arroyo Ortega sin el debido tratamiento, lo que produciría la contaminación de las napas desde las que se extrae agua para consumo humano. Esta sospecha fue confirmada por el químico Walter Basualdo, quien certificó que, por la cercanía al Centro Atómico y otras empresas, “las napas de la zona tienen metales pesados en porcentajes mayores a los recomendados para la salud”, entre ellos cromo.
Por esto, desde el año pasado una orden judicial obliga al Municipio local a la entrega de agua potable para el barrio a través de camiones cisterna enviados por la empresa estatal AySA.
Incluso, el diputado provincial del ARI-Coalición Cívica Walter Martello, oriundo de Esteban Echeverría, presentó un pedido de informes (aprobado por sus pares en una de las sesiones de octubre del año pasado) para conocer información “sobre el estado de los pozos de agua de al menos dos manzanas cercanas a la Curtiembre Monte Grande, que estarían contaminados con cromo, metal pesado de alta toxicidad, que se utiliza en el proceso de industrialización de los cueros”.