La Fiscalía de Delitos Complejos está investigando una posible usurpación de derechos de agua de una propiedad de 3.000ha, que pertenece a los hijos de Sigifredo Alonso (dueño de Canal 9) y que está ubicada en la Quebrada de los Zorzales, camino a Vallecitos, en Luján de Cuyo.
La denuncia, realizada en junio pasado por la Asociación de Inspectores de cauce de la Zona de Alta Montaña, indica que el terreno tenía una conexión de media pulgada, pero no figuraba empadronado dentro del Departamento General de Irrigación como para acceder a ese permiso.
La conexión para agua habría sido pedida en calidad de suministro domiciliario para la casa del cuidador de los terrenos.
Pero esto molestó muchísimo a los vecinos de la zona, al punto de que destruyeron el caño de alimentación, ya que muchos de ellos habían pedido con anterioridad ese servicio y les había sido negado por las autoridades del cauce por no haber más agua para repartir en esa zona.
Entonces, los inspectores averiguaron porqué de todos modos el terreno de los Alonso si contaba con este servicio.
Quedó establecido que dicha conexión fue ordenada desde el propio Departamento General de Irrigación, a través de la Subdelegación del río Mendoza, mediante la resolución 563.
Al leer el expediente, se observó que el permiso era provisorio, tal cual indica la Ley de Agua, pero tenía una serie de puntos dudosos, como la ausencia de la doble firma, le faltaban sellos y el número de resolución en realidad pertenecía a otro trámite, referido a la eliminación de un callejón en Lavalle.
Otra cosa que llamó la atención, es que las tareas de conexión al cauce del río fueron realizadas durante un sábado por la mañana, el fin de semana del 20 de junio.
Con estos elementos en la mano, los inspectores hicieron la presentación ante la Fiscalía 11 de Luján, el día 23, pero el fiscal Hernán Ríos se declaró incompetente para investigar el caso por su complejidad y derivó la causa a Delitos Complejos.
Desde ese momento, están bajo investigación las actuaciones de los funcionarios de Irrigación.
Independientemente del proceso judicial, que determinará si hubo o no falsificación de un documento público para autorizar el servicio, desde la inspección de Cauce de la Zona de Alta Montaña y otros funcionarios de Irrigación hicieron una visita a la propiedad de los Alonso.
Allí observaron que los terrenos cuentan con una vertiente, cuya agua sería de muy buena calidad.
Como consecuencia, le ordenaron a sus propietarios que hagan todo lo necesario para utilizar ese recurso en lugar de la conexión del río Mendoza. Hasta ahora, los Alonso no han procedido.

Denuncia contra los inspectores
La Asociación de Inspectores de Cauce de la Zona de Alta Montaña fue ayer intervenida desde la Dirección de Fiscalización del Tribunal Administrativo de Irrigación, algo similar al Tribunal de Cuentas respecto del Estado provincial, por entender que hay serias falencias en el funcionamiento de la misma.
La resolución 1.360 dice que falta documentación administrativa y contable esencial para conocer las acciones de sus autoridades.