Una acción de amparo fue interpuesta ante la Justicia de San Nicolás con el objetivo de que se comience a realizar un control serio y eficaz sobre las actividades portuarias. La presentación surgió a raíz de reiteradas quejas de vecinos y organizaciones ambientales por la presunta contaminación del agua y del aire, que se generaría ante la falta de control que existe sobre las tareas que se desarrollan en esa terminal.
Según confiaron fuentes judiciales a este diario, “la actividad de los puertos está prácticamente desregulada del ejercicio del poder de la Policía del Estado”. “Podés hacer lo que quieras”, graficó la fuente consultada.
A partir de esta denuncia, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) habría comenzado a realizar los controles, pero sin la rigurosidad necesaria para convertirlos en eficaces.
A su vez, a partir de la investigación realizada para la presentación judicial, se descubrió que las empresas que operan en ese puerto pagan un canon irrisorio (sería de 90 mil pesos por año) para las ganancias que tienen. De hecho, con una sola operación de carga y descarga, alcanzan esa suma de dinero.