Que prevalece la incertidumbre respecto a la posible contaminación del ambiente, del acuífero, del patrimonio histórico cultural, del aire, de la fauna y de la flora de la zona. Que no está garantizada la convivencia en paz y la plena libertad de expresión de los ciudadanos en la comunidad de Uspallata.
Que, en base a la "experiencia", se permite dudar de los futuros controles que realizará el Estado a la actividad minera. Estos fueron los argumentos que expuso la Iglesia para sugerir al Gobierno que frene el proyecto de la minera San Jorge.
Según la institución eclesial, "los datos científicos disponibles son contradictorios e insuficientes". En virtud de esta incertidumbre científica, le aconseja al Estado que aplique el "principio precautorio" y abra otra "fase de diálogo". Es decir, que posponga "la puesta en marcha de actividades que puedan afectar el ambiente, la salud de los ciudadanos o comprometer seriamente el uso de recursos naturales para las generaciones futuras".
No es habitual que la Arquidiócesis local se pronuncie respecto de estas situaciones. Y lo hizo a días del comienzo de una audiencia pública (el próximo martes en dependencias de Vialidad Nacional) que mantiene bastante "enrarecido" el clima en esta ciudad de alta montaña, que -según cuentan muchos de sus pobladores- perdió la paz hace tiempo.
El comunicado, elaborado por la Pastoral Social de la Iglesia, fue entregado ayer en manos del secretario de Medio Ambiente, Guillermo Carmona, por el propio arzobispo José María Arancibia y su obispo auxiliar, Sergio Buenanueva. Además de destacar la incertidumbre científica que aún rige en torno al proyecto, el texto muestra una profunda preocupación por la tensión que sufren los habitantes del lugar.
"Observamos el progresivo deterioro de la convivencia ciudadana en Uspallata y la alteración de la paz social. Existen, además, fundados temores por eventuales hechos de violencia en torno a la audiencia pública, que la autoridad sabrá prevenir", reza el mensaje eclesial.
Lo cierto es que hay antecedentes de peleas surgidas por el tema. Cuando el año pasado, los asambleístas convocaron al cineasta Pino Solanas a un evento, se registró una serie de desmanes en la localidad. Había bombas de estruendo, asistieron representantes de entidades defensoras de la explotación minera, algunos que viajaron especialmente desde San Juan, y hasta hay quienes aseguran el accionar de barrabravas que estuvieron en el lugar.
Meses atrás hubo otro triste incidente generado por la discusión sobre el inicio de la explotación Potasio Río Colorado, en Malargüe. En junio, se enfrentaron en la puerta de la Legislatura miembros de la Uocra con integrantes de la Asamblea Popular por el Agua y el saldo fueron tres heridos.
Tal como lo expresa la Iglesia, los vecinos temen lo que pueda pasar. "Hay mucho movimiento, como cuando en tiempo previo a las elecciones. Buscan a la gente en la casa y ofrecen plata para firmar a favor, pagan asados, los llevan a congresos. Ojalá podamos dar nuestra opinión libre y tranquilamente", expuso un vecino, que este medio prefirió no identificar.
Respecto al comunicado, el titular de Medio Ambiente dijo que "todos los aportes son bienvenidos y sobre todo tratándose de una institución de prestigio como la Iglesia". Carmona hizo hincapié en que Mendoza es la única provincia que cuenta con audiencias públicas en este tema y que la misma sólo es un paso más de la evaluación, de la cual restan aún muchas instancias. Además, aseguró que se utilizará la fuerza pública si es necesario para asegurar que todos los inscriptos puedan expresarse.
"Las respuestas a los planteos de la Iglesia las tendrá que dar la empresa", acotó el funcionario, quien sólo se limitó a asegurar que los controles se están reforzando paulatinamente a través de la Policía Ambiental y otras políticas.
"Mucha gente del ambiente científico y jurídico ha presentado serios argumentos en contra, pero el proceso sigue sin más. La audiencia es un paso formal más, pero no es vinculante", expresó Pablo López, el cura que acompaña a los asambleístas en Uspallata.
"Lamentablemente, la comunidad está muy dividida por este tema, incluso esto ha quebrado a muchas familias", comentó. Las autoridades de la firma no respondieron a la consulta de este medio.

Textuales del mensaje de la pastoral social

Clima social. “Observamos con preocupación el progresivo deterioro de la convivencia ciudadana en Uspallata y la alteración de la paz social.”

¿Falsas promesas?. “La minería supone el desarrollo de fuentes de trabajo. Surge, sin embargo, la pregunta por el alcance real y el carácter genuino de esta oferta laboral.”

Preservación. La Iglesia sostiene que existen dudas respecto al “cuidado del patrimonio histórico-cultural de la zona, en el que se encuentran el Camino del Inca, hitos de la Campaña Libertadora sanmartiniana y otros sitios arqueológicos de interés”. También a la “posible contaminación de los acuíferos de la zona debido al uso contaminante de reactivos o sus derivados, en proporciones superiores a los límites establecidos en la legislación vigente”. A lo que se suma la afectación de “la calidad del aire”, de “la flora y fauna autóctonas”.

Controles. “¿En qué medida nuestro Estado está en condiciones, en la actualidad y en un futuro próximo, de efectuar con eficacia los controles pertinentes, garantizando la calidad del agua, el ambiente y la cultura de los mendocinos? La experiencia ciudadana evidencia la pertinencia de esta pregunta.”

Responsabilidades. El comunicado destaca la “responsabilidad insoslayable” del Estado de “velar por el bien común, especialmente de los más débiles”. También, la de los “empresarios involucrados”, de “la comunidad científica, las universidades y las distintas organizaciones de la sociedad civil”. “La Iglesia misma tiene una responsabilidad respecto a la creación y la debe hacer valer en público”.

Aliento. El texto invita a Uspallata a seguir luchando. “No se trata de ideologías o dogmatismos, sino de peligros ciertos para la vida, la convivencia social y el desarrollo integral de Mendoza.”