Las presuntas irregularidades en torno a una autorización de derechos de agua para una propiedad que el dueño de Canal 9, Sigifredo Alonso, y sus hijos, tienen en Luján de Cuyo, en la Quebrada de Los Zorzales, desató un duro cruce de acusaciones entre los inspectores que integran la asociación Zona de Alta Montaña y funcionarios de Irrigación que defendieron las actuaciones al respecto.
El miércoles pasado, la asociación que agrupa a los inspectores fue intervenida por la Dirección de Fiscalización del Tribunal Administrativo de Irrigación, luego de encontrar serias falencias administrativas y contables.
A partir de entonces, los controladores aseguran que son perseguidos, no por sus errores administrativos, sino por denunciar en la Justicia la posible adulteración de la resolución Nº563, que ordenó la conexión para la propiedad de los Alonso, pese a no estar empadronada.

“Maniobra”
En Irrigación, sostienen que hacer pública ahora una denuncia realizada en junio pasado responde a una maniobra política para defenderse de las serias falencias que tiene esa asociación.
Un informe fechado el 13 de octubre pasado y firmado por el contador Sebastián López, de la Dirección de Fiscalización, señala que el directorio de la asociación Zona de Alta Montaña debe reunirse dos veces al mes y en lo que va del año estaba asentado un solo encuentro, que el libro de inventario y balance no existe ni habría sido implementado, que la compra de una camioneta no ha sido realizada conforme al procedimiento normal y que había comprobantes de pago de nafta cuando en realidad, las camionetas son gasoleras, entre otras.

Explicaciones
Este documento provocó que Juan Carlos Vaquer, a cargo de la Superintendencia de Irrigación, y la jefa de Gabinete, Patricia Tieppo, dispusieran la intervención para establecer responsabilidades.
Al respecto, uno de los miembros de la inspección de la Zona de Alta Montaña, Carlos Trotteyn, indicó que “todas las falencias que ellos indican tienen su explicación y en estos momentos estamos entregando toda la documentación para que vean que no falta ningún comprobante, no hay nada que ocultar”.
“Por ejemplo, eso que dicen que pagábamos nafta en lugar de gasoil era porque el gerente técnico Mariano Rosell ponía su auto para trabajar porque no había un vehículo propio. Pero esto lo están haciendo porque saben que la denuncia que hicimos en la Justicia está teniendo resultados. Hace 20 días que me llamaron de la Fiscalía Especial y aporté nueva documentación”.
En Irrigación afirman que la denuncia y la intervención no tienen relación.

Debería usar una vertiente
Tanto Mauricio Pinto, secretario del Tribunal Administrativo de Irrigación, y Daniel Corral, director de la Policía del Agua, afirmaron que las intervenciones son habituales porque están dentro de las obligaciones de control que tiene Irrigación sobre las asociaciones de inspectores.
En este momento cinco de las 144 inspecciones de cauce han sido intervenidas.
Sobre el caso particular de Sigifredo Alonso, Corral explicó que la conexión de agua para uso doméstico estaba autorizada hasta el 19 de julio pasado, tras comprobar, el 1 de ese mes, que el agua de vertiente con que cuenta la propiedad de Alonso es buena y factible de potabilizar. También dijo que ya se realizó la obra que le permite juntar el hilo de agua de la montaña, con el cual llena en 24 horas un recipiente de 2.000 litros.
Sobre la denuncia, Corral aclaró que los inspectores debían acatar las órdenes del subdelegado del río Mendoza, Sergio Di Nasso, sobre conectar el servicio y si sabían de la disconformidad de los vecinos, podrían informarla o expresar su propio desacuerdo, pero no lo hicieron.