“¿En qué medida nuestro Estado está en condiciones, en la actualidad, de efectuar con eficacia los controles pertinentes, garantizando la calidad del agua, el ambiente y la cultura de los mendocinos?”
Esta pregunta fue realizada, mediante un comunicado de prensa, por el equipo de Pastoral Social de la Arquidiócesis de Mendoza, en el que fija una postura muy clara y se aconseja “posponer la puesta en marcha de actividades” en la mina San Jorge, en Uspallata.
Uno de los justificativos del pedido de prórroga es que “se observa un progresivo deterioro de la convivencia ciudadana en Uspallata y la alteración de la paz social”.
El documento elaborado por la Pastoral Social, que cuenta con el completo apoyo del Arzobispo José María Arancibia y el auxiliar Sergio Buenanueva, pone de manifiesto que las actividades en la mina San Jorge podrían “afectar el ambiente, la salud de los ciudadanos o comprometer seriamente el uso de recursos naturales para las generaciones futuras, cuando los datos científicos disponibles son contradictorios o no son suficientes”.
Roberto Pomilio, coordinador de la Pastoral Social, sostuvo que elaboraron el comunicado impulsados por “una visión ética en defensa de los derechos y, en este caso, al ambiente sano y el agua. Además, para que la ciudadanía conozca nuestra opinión al respecto”.
Y aclaró que “no se está en contra de la minería, en la medida que se haga con los controles adecuados y se potencie el desarrollo, pero existen contradicciones entre los informes otorgados por organizaciones no gubernamentales de suma confianza y los de la empresa, por lo que se está generando una conflictividad social y amerita mayor diálogo”.
Desde la Organización Oikos, su presidente, Eduardo Sosa, explicó que el comunicado emitido por la pastoral “saca a la luz una dimensión que quedó fuera del debate: la ética, además, incluye algo por lo que desde esta institución venimos bregando desde hace mucho tiempo y que es la incertidumbre científica en muchos temas como por ejemplo el del agua”.
El comunicado señala que el Estado debe cumplir con su responsabilidad de velar por el bien común, y que la empresa tiene que respetar la dignidad de las personas.
Asimismo deja de manifiesto que es su propia función “respecto a la creación y la debe hacer valer en público. Y, al hacerlo, no sólo debe defender la tierra, el agua y el aire como dones de la creación que pertenecen a todos. Debe proteger sobre todo al hombre de la destrucción de sí mismo”.
En el documento se asegura que el problema que se suscita por la mina San Jorge, en Uspallata, no se trata de ideologías o dogmatismos, sino de peligros ciertos para la vida, la convivencia social y el desarrollo integral de la provincia, lo que podría verse afectado en un futuro.