Cristóbal López, uno de los empresarios más cercanos al kirchnerismo, que controla gran parte del negocio del juego en el país con su buque insignia, Casino Club, habría puesto una cuña para desembarcar en un proyecto de más de $ 1.500 millones en Chaco a través de su constructora CPC.
Se trata del Segundo Acueducto para el Interior, que proveerá de agua potable a 26 localidades de la provincia del NEA. La obra, licitada por la estatal Sameep (Servicio de Agua y Mantenimiento), fue adjudicada el 13 de este mes al consorcio Supercemento-OAS-Rovella Carranza, en un acto del que participó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Pero la operación dejó mucha tela por cortar. Es que el 27 de septiembre el Sameep descartó la propuesta presentada por Isolux, la de mejor oferta económica ($ 1.522 millones), por “no ajustarse al análisis de precios exigido en el pliego de bases y condiciones”, según consta en el informe al que pudo acceder PERFIL.
“La propuesta de la empresa española no tenía computados algunos ítems referentes al precio de la mano de obra. Y contenía inconsistencias en el plan de trabajo”, detalló a este medio Ricardo Requena, directivo de Sameep, que integró la comisión que evaluó la iniciativa en conjunto con el Ente Nacional de Obras Hídricas De Saneamiento (Enohsa).
Sin embargo, allegados al proyecto señalaron que la desafectación de la constructora española fue producto de las presiones del gobernador Jorge Capitanich, uno de los mayores laderos del matrimonio presidencial, y del propio Julio De Vido, ministro de Planificación y mandamás de la obra pública nacional. Desde Isolux, en tanto, no respondieron las llamadas de este diario.
Frente a ese escenario, la obra quedó en manos de la segunda oferta más barata ($ 1.637 millones), a cargo de la UTE liderada por Supercemento. A priori, CPC no figura en la nómina de los ganadores, pero fuentes muy cercanas a la operación indicaron que “la empresa de Cristóbal López se sumaría a la obra como subcontratista”.
Incluso comentaron que, en septiembre, alfiles del empresario santacruceño se reunieron con directivos de Sameep en Buenos Aires para –con el aval de Planificación– inclinar la balanza a favor del consorcio adjudicatario. La versión fue desmentida por fuentes cercanas a Cristóbal López, que negaron tener interés en la obra, y por Requena, que afirmó que “sólo evaluamos cuestiones técnicas”. “Queremos que la obra (que comenzaría antes de fin de año) salga adelante porque beneficiará a más de 500 mil chaqueños”, enfatizó.
Existe un antecedente cercano en la obra pública donde CPC, Rovella Carranza y la brasileña OAS comparten cartel. Se trata de la represa Chihuido I, un proyecto de US$ 1.500 millones adjudicado a una UTE entre las tres empresas más Electroingeniería e Hidrocuyo.