Los vecinos autoconvocados del Este multiplican sus esfuerzos con el propósito de lograr que se suspendan las operaciones de disposición final de los residuos en el flamante predio estatal de Overa Pozo. Esta vez, sumaron la adhesión del diputado nacional Juan Casañas (UCR), quien pretende instalar el debate en la Cámara Baja.
"Lejos de ser una solución, con el nuevo vaciadero de basura se corre el riesgo de empeorar la situación ambiental de la provincia", advirtió el referente opositor a LA GACETA.
La preocupación por el funcionamiento de la planta que opera la empresa Servicios y Construcciones La Banda SRL ya se había asentado en el Senado, a instancias de los radicales José Manuel Cano (Tucumán) y Emilio Rached (Santiago del Estero). Los senadores advirtieron que el centro de disposición final fue habilitado por el Gobierno sin la realización de un estudio serio del impacto ambiental. Esto, dijeron, pone en riesgo el acuífero de Isca Yacu, que abastece al departamento Giménez, en Santiago del Estero.
Con el antecedente del Senado, Casañas presentó un proyecto de resolución mediante el que expresa su preocupación por la decisión de la Provincia de habilitar el predio del Este, por el riesgo que representa para los pobladores de la zona. También, solicitó al Gobierno nacional para que, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, realice un control en el lugar, con el propósito de verificar el cumplimiento de las normas ambientales. "Especialmente, en relación a la evaluación de Impacto Ambiental del proyecto de instalación de la planta", planteó.
Casañas, que proviene del sector agropecuario, advirtió sobre la afectación de la actividad agrícola en la zona. "La planta de Pacará Pintado ya dejó a la cuenca de los río Salí-Dulce en una situación crítica por el impacto ambiental negativo que generó el inadecuado procesamiento de los residuos. Ahora, el nuevo basural puede contaminar las napas subterráneas por las filtraciones de sustancias tóxicas, y no se puede permitir que el agua, considerada hoy un recurso escaso, se contamine por trabajos no adecuados, poniendo en peligro la calidad de vida y la producción del lugar", expresó el diputado.
Desde el 1 de octubre, Overa Pozo recibe la basura que generan seis municipios del área metropolitana: capital, Yerba Buena, Banda del Río Salí, Alderetes, Las Talitas y Tafí Viejo.
"Lejos de ser una solución, con el basural se corre el riesgo de empeorar la situación ambiental", advirtió.