Si algo faltaba para enrarecer aún más el clima en torno del que funciona la planta de disposición final de la basura de Overa Pozo, era la intervención del Poder Judicial. En rigor, la última protesta que tenían previsto realizar los vecinos y productores de la zona en rechazo a la instalación del vaciadero debió suspenderse porque desde los tribunales llegó una medida cautelar que prohibió a los autoconvocados acercarse al predio estatal que explota la empresa Servicios y Construcciones La Banda SRL.
Ante la denuncia del director de Arquitectura y Urbanismo (DAU), Miguel Brito, el juez de Instrucción Penal de la III Nominación, Juan Francisco Pisa, prohibió acercarse al lugar al agricultor Fernando Vidal y al dirigente radical Esteban Cabrera, y "a cualquier otra persona y/o medio" que impidan el normal desenvolvimiento de los vehículos que transportan los residuos sólidos urbanos. La medida, según fundamentó el juez Pisa, se dictó con el objetivo de garantizar la libre circulación de los camiones hacia Overa Pozo, y tuvo un alcance de 500 metros durante el horario comprendido entre la "salida y la puesta del sol" del miércoles. Para su cumplimiento, además, el magistrado dispuso de una consigna policial constante.
Llamativamente, los impulsores de la medida cautelar son reparticiones públicas y no representantes de la empresa concesionaria del servicio de disposición final de la basura. En efecto, además de la DAU, también Vialidad Provincial planteó ante la Justicia sus temores por las acciones vecinales.
Puntualmente, el abogado José Ignacio Vázquez, apoderado de Vialidad, denunció que desconocidos se encuentran, desde hace tiempo, restringiendo el libre tránsito en las rutas provinciales 303 y 327 (que conducen al depósito de residuos), "lo que imposibilitaría las tareas que le son propias a ese órgano; esto es la conservación y el mantenimiento de las vías de tránsito".
Paralelamente, el juez Pisa se hizo eco de la declaración formulada por el presidente del consorcio metropolitano para la gestión de los residuos, que integran los seis municipios del Gran San Miguel de Tucumán. José Evaristo Suárez, según consta en el fallo judicial, planteó que la actitud de los autoconvocados "estaría ocasionando un grave perjuicio económico y poniendo en riesgo la salud pública de los ciudadanos".
Si bien la prohibición de acercamiento a Overa Pozo rigió para el día en que los vecinos tenían previsto realizar una masiva protesta, los autoconvocados denunciaron ante LA GACETA que se trata de una persecución del Gobierno. "De todas formas, lo único que consiguieron con eso fue enardecer aún más a los vecinos del este, porque nunca fuimos consultados sobre la instalación del basural y ahora, encima, nos quieren prohibir que ejerzamos nuestro legítimo y legal derecho a la protesta", alertó Cabrera.

Seis ciudades
Desde el 1 de octubre los residuos urbanos provenientes de seis ciudades (capital, Tafí Viejo, Banda del Río Salí, Alderetes, Yerba Buena y Las Talitas) son separados en el predio de Pacará Pintado y, luego, trasladadores en camiones de gran porte hacia el predio estatal de Overa Pozo, ubicado a unos 50 kilómetros al este de San Miguel de Tucumán.

Dudan de la eficiencia del consorcio metropolitano
El abogado Oscar López, que presentó ante la Justicia federal un recurso de amparo colectivo para conseguir el cierre de Overa Pozo, afirmó que el gerente del consorcio metropolitano para la gestión de los residuos, Julio Figueroa, no está en condiciones de garantizar un eficiente trabajo.
"Sufre las consecuencias de su formación en la escuela administrativa y de ética pública del gobierno de Julio Miranda, uno de los más ineficientes de la historia tucumana, con venta incluida del peronismo al actual gobernador, José Alperovich", cuestionó.
Como se recordará, Figueroa había afirmado que las denuncias respecto de Overa Pozo eran políticas. En cambio, según el peronista disidente, el funcionario que representa a los seis municipios del Gran San Miguel de Tucumán en la gestión de los residuos no acepta que haya resistencia de la sociedad al funcionamiento de Overa Pozo. "Le cuesta aceptar, como remedio republicano, la resistencia democrática", sentenció.
López y el vicepresidente de la UCR, Raúl Moreno son los autores de la presentación para que cese la actividad en Overa Pozo. Fundaron su pedido en el presunto incumplimiento de la Ley Nº 25.675 (Política Ambiental).
Según dijeron, las actuaciones para instalar un emprendimiento que pueda afectar el medioambiente deben realizarse con la participación de la población que pueda resultar afectada por esa actividad.

La Justicia puso un freno a los vecinos de Overa Pozo
El Gobierno pidió a la Justicia que garantice la libre circulación de los camiones que transportan los residuos hacia el predio de Overa Pozo y el juez Juan Francisco Pisa atendió el planteo. Por ese motivo, los vecinos autoconvocados del este provincial no pudieron concretar una masiva protesta frente a la flamante planta de disposición final de la basura. La prohibición de acercamiento dictada por el magistrado (rigió sólo para el día de la manifestación frustrada) enardeció a los productores y a los habitantes de la zona, quienes advirtieron que no cejarán con sus reclamos para que cesen las actividades en el predio estatal.