Tras la confirmación de que los tanques de la empresa YPF ubicados en el predio del barrio Cambá Cuá que ocupa la Dirección Provincial de Energía (Dpec) fueron los que originaron el derrame en el río Paraná, exigirán mediante una presentación judicial que la petrolera de explicaciones acerca de lo ocurrido. Paralelamente, solicitarán que el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (Icaa) inspeccione el proceso de desarme de los contenedores que, según adelantaron representantes nacionales de la compañía, empezaría esta semana.
La solicitud judicial sería presentada en las próximas horas por la Defensoría de Pobres y Ausentes Nº 1, que se encuentra a cargo de Enzo Di Tella. Según adelantó a El Litoral la defensora de de los vecinos de la Ciudad de Corrientes, Griselda Méndez la institución que ella encabeza también acompañará la solicitud “como tercero interviniente”. “Los que se pretende es que la empresa no deslinde responsabilidades luego del gravísimo hecho que fue el derrame”, indicó Méndez.
El Litoral también se contactó ayer a representantes nacionales de YPF que aseguraron que el proceso de desarme se pondrá en marcha en las próximas horas. Según explicó la fuente consultada, que solicitó mantenerse en reserva, cuando se tomó la decisión de retirar los tanques se llamó a licitación para contratar a la empresa que se ocupará de este trabajo y el proceso estaría a punto de finalizar. Una vez que se determine quién hará el trabajo, el desmantelamiento de los contenedores comenzará de manera inmediata y se estima que podría ser dentro de esta semana.
La fuente nacional consultada por este medio resaltó que estos tanques “no son usados por la empresa desde hace más de 20 años”, por lo que desconocen el contenido que pudieron haber tenido. “Aunque no tenemos responsabilidad concreta sobre el caso, vamos a proceder al desarme cuanto antes y queremos dar tranquilidad a la población correntina de que se realizará el proceso como corresponde”, aseguró.
Con respecto a este punto, la defensora de los vecinos opinó que la empresa no puede deslindar responsabilidades con respecto a la probable contaminación que se está produciendo y consideró que es “una barbaridad que se haya tenido que esperar un hecho tan grave para empezar a desarmar los tanques”. “Estamos hablando de un derrame en el río de una sustancia desconocida y de la probable contaminación del terreno del Cambá Cuá que se está produciendo desde hace muchos años”, resaltó.
Por este motivo, Méndez adelantó que también se solicitará que el Icaa que realice estudios para determinar el grado de contaminación que existe en el terreno y para que controle qué hará la empresa con la chatarra que quede después del desmantelamiento de los tanques.