La relanzada relación con Uruguay tiene su primera fecha clave la semana próxima. El 2 de noviembre se conocerá el primer resultado del muestreo tomado por los científicos de los dos países en su ingreso a la pastera UPM (ex Botnia), en Fray Bentos, como parte del monitoreo conjunto que instrumentan ambos gobiernos en cumplimiento del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Según pudo saber LA NACION de altas fuentes diplomáticas, ese día el comité científico binacional que lleva adelante las tareas ambientales presentará un informe con los datos que arrojaron las pruebas que hicieron ambos países a principios de este mes para dar comienzo al plan de vigilancia del río Uruguay.
La inquietud que genera ese informe es alta en ambas orillas. Los datos del relevamiento se manejan con una reserva por demás hermética, pues lo que allí surja impactará indefectiblemente en la agenda política de las administraciones de Cristina Kirchner y de José Mujica.
Ya sea si los valores de contaminación de la pastera se encuentran en los estándares permitidos o si los superan, el muestreo no pasará inadvertido en Buenos Aires ni en Montevideo. Y mucho menos en Gualeguaychú, donde podría incidir en el curso de acción de la protesta de cara a la temporada estival. Actualmente, los cortes en el puente binacional General San Martín están levantados y los ambientalistas enfrentan una causa judicial por sus obstrucciones a la libre circulación.
El informe se dará a conocer formalmente por medio de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), el organismo que es el ámbito de aplicación del fallo.
El comité científico que tomó las muestras y que tiene a su cargo el monitoreo del curso de agua compartido está conformado por dos científicos de la Argentina y dos de Uruguay y comenzó formalmente sus trabajos el 6 de este mes. Ese día, como puesta en marcha de las actividades bilaterales, los hombres de ciencia ingresaron por primera vez en la planta de la empresa UPM.
Los jefes de Estado de ambos países acordaron el monitoreo a fines de julio último. El convenio estableció la conformación del comité científico en la CARU, con la función de "monitorear el río Uruguay y todos los establecimientos industriales, agrícolas y centros urbanos que vuelcan sus efluentes al río Uruguay y sus áreas de influencia", incluidas las márgenes de la Argentina.

El cronograma
UPM fue el primer punto de la agenda. El cronograma seguirá en la Argentina con un establecimiento que será seleccionado por la parte uruguaya. Luego, los controles continuarán en forma alternativa en uno y otro país.
Uno de los puntos del convenio objetados por los ambientalistas es el que prevé que cuando "se trate de un monitoreo en la margen izquierda del río las acciones estarán a cargo de la Dinama (Uruguay), acompañada por el comité científico de la CARU, y se usarán para todos los monitoreos la normativa de este organismo y la uruguaya que sea de aplicación". Así se hizo en esta oportunidad.
Para equilibrar la situación, se estableció que cuando se trate de la margen argentina del río, estará a cargo de la autoridad de aplicación de nuestro país y del comité y "se usarán para todos los monitoreos la normativa de la CARU y la argentina que sea de aplicación".
Las partes podrán ingresar hasta 12 veces por año a cada planta investigada. Y la información del monitoreo, dice el convenio bilateral, "será pública, respetando los tiempos científicos".
Quien también recibirá con expectativa el primer informe del comité científico es el flamante embajador argentino ante Uruguay, el ultrakirchnerista Dante Dovena. Sucede que este dirigente político, que tendrá a cargo el vinculo con el gobierno de Mujica, se instalará en Montevideo en los próximos días.

Traspié para el Gobierno en la causa
Con una ruidosa movilización por las calles céntricas de esta ciudad, asambleístas de Gualeguaychú que pelean contra la pastera Botnia celebraron ayer la resolución de la justicia federal en el marco de la denuncia que propició el gobierno nacional por el corte de la ruta internacional 136. Es que, en un fallo dividido, la Cámara Federal rechazó la apelación interpuesta por el Gobierno para que sean citados a declarar los diez asambleístas denunciados.
La resolución declara que está "mal concedido el recurso de apelación" al fallo del juez Gustavo Pimentel que desestimaba citar a indagatoria a los asambleístas. No obstante, en el segundo punto, los camaristas dispusieron que la causa siga abierta y vuelva al juzgado de origen "para que proceda a la readecuación del trámite". Este fue el punto menos celebrado por los asambleístas, debido a que la causa continuará abierta.
"El fallo no permite festejar ni alegrarse porque deja la puerta abierta para que continúe y se formule una nueva acusación", evaluó ante LA NACION Osvaldo Fernández, uno de los asambleístas denunciados que actúa como abogado de sí mismo.
La audiencia judicial fue seguida por un centenar de asambleístas que llegaron de Gualeguaychú a la capital provincial para respaldar a los imputados. Tras darse a conocer la resolución, los integrantes de la asamblea entrerriana improvisaron una audiencia en la puerta de la sede judicial, donde los abogados explicaron el alcance de la medida.
Los asambleístas reclamaron luego una audiencia con el gobernador Sergio Urribarri, que no fue concedida.