El Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (Icaa) elevó una ampliatoria de la información a la Fiscalía de Estado, relacionada con el procedimiento, plazos y requerimientos establecidos para el proyecto productivo Ayuí. Dicha información será enviada a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en virtud del requerimiento formulado la semana pasada. Y consiste en copias certificadas de las resoluciones de concesión de uso de agua pública, en el marco del Código de Aguas de Corrientes, y que el máximo tribunal tuvo conocimiento tras recibir la comunicación, por nota múltiple, que el ICAA envió a instituciones públicas, tanto nacionales como provinciales y municipales, entre ellas el Congreso de la Nación, Legislatura correntina, Comisión Administradora del Río Uruguay, Defensoría del Pueblo, entre otros.
En el informe elevado a Fiscalía de Estado aclara respecto al alcance de los plazos establecidos tanto en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), como en las Resoluciones de Concesión de Agua, donde se destaca como requisito fundamental que los responsables de la UTE, al momento de decidir la construcción de la presa sobre el arroyo Ayuí, deben comunicar al Icaa el inicio de la misma, con una antelación de 60 días según lo dispuesto en la Resolución Nº 794/09 de Declaración de Impacto Ambiental. Y 30 días de acuerdo a lo estipulado en las resoluciones de concesiones de Derechos de Aguas, otorgadas al continuar los procedimientos administrativos, técnicos y legales al no existir impedimentos judiciales.