El Estado Nacional solicitó a la Corte Suprema la suspensión de las obras que se están realizando en el marco del “Proyecto Productivo Ayuí Grande”, que pretende llevarse a cabo en la provincia de Corrientes.
El pedido fue presentado por la Jefatura de Gabinetes de Ministros, con el patrocinio de la Procuración del Tesoro, y se basa en un informe elaborado por la Gendarmería Nacional, que señala que se encuentra en trámite el procedimiento de licitación, al cabo del cual, tendrán comienzo los trabajos.
La presentación se suma a los pedidos oportunamente formulados ante el máximo Tribunal, en los que requirió la suspensión de las obras hasta que se hicieran los análisis de impacto ambiental para evitar un perjuicio irreparable al medio ambiente por el desmonte en zonas que deberían ser protegidas; y a la vez, a fin de garantizar el cumplimiento del Estatuto del Río Uruguay de 1975.
A mediados de septiembre, la Corte requirió al gobierno de la provincia de Corrientes los estudios de impacto ambiental sobre la zona en cuestión, y que se comunique el grado de avance del plan. Para ello libró oficios al gobernador de la provincia, al fiscal y al juez federal de la ciudad de Corrientes. La causa judicial se inició con una acción de amparo promovida por el Estado contra la provincia de Corrientes, en el que se consigna que el objetivo del emprendimiento “consistiría en inundar un área aproximada de ocho mil (8000) hectáreas a cincuenta (50) kilómetros de los Esteros del Iberá, y tendría como propósito la conformación de un reservorio de agua para riego de unas setenta y siete mil (77.000) hectáreas, que se destinarían al cultivo del arroz y otros granos”.
Incluso, la agrupación ambientalista Greenpeace tiempo atrás explicó que el proyecto de la represa es “ambiental y jurídicamente inaceptable”.
En una carta enviada a las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado y de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de Diputados, sostenían que en el Ordenamiento Territorial realizado por la provincia resulta sorprendente” que “gran parte de los bosques del Espinal cercanos a sistemas hídricos (incluyendo a los linderos con el arroyo Ayuí Grande) no fueran incorporados en el Ordenamiento Territorial de la provincia en la Categoría I (rojo), entendidos como ‘sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse’”.
La aprobación del ordenamiento con estas “particularidades” se realizó por decreto. Lo que en diciembre del 2009, a partir de que la Justicia hiciera lugar a la demanda interpuesta por la Fundación Reserva del Iberá, donde se declaró la inconstitucionalidad y nulidad absoluta del decreto. Sin embargo, el Ejecutivo correntino envió ala legislatura un proyecto de ley exactamente igual al decreto rechazado por la Justicia y declarado en su momento inconstitucional, que fue aprobado por la legislatura en mayo de este año.