El proyecto con el esquema de financiamiento para terminar la central hidroeléctrica Salto Andersen todavía no tiene tratamiento legislativo. El bloque oficialista mantiene observaciones mientras que el gobierno de Miguel Saiz apura su aprobación, argumentando que deberá paralizar la construcción si continúa la postergación de la aprobación parlamentaria.
Esta urgencia fue expuesta por el superintendente del DPA, Horacio Collado, al presidente del bloque del radicalismo, Adrián Casadei. Las fuentes legislativas relativizaron esa presión aunque admitieron que existían reclamos por su rápido tratamiento.
El proyecto fue enviado en julio por el Ejecutivo, con acuerdo de ministros, y se pretendía su inmediata autorización. La iniciativa pretende el aval legislativo para que el DPA garantice un préstamo de 54 millones de pesos con la entrega de parte de la energía que Salto Andersen generará en los próximos 10 años. Ese programa de financiamiento sería con Nación Fideicomiso, ya que la secretaría Energía propuso esa alternativa a Río Negro, con un plazo de 8 años, con uno de gracia, y una tasa que rondaría un 15% (Badlar más cuatro puntos).
La Comisión de Recursos Hídricos tiene el expediente para su tratamiento y se prevé su análisis para la semana próxima. Sería el primer despacho y quedarían después las comisiones principales. En el temario de la sesión de la segunda semana de noviembre podría incluirse esa iniciativa sólo si se advierte una fuerte iniciativa política-institucional del oficialismo. Varias observaciones mantiene la bancada que preside Casadei, aunque Collado ensayó explicaciones para apurar ese tratamiento.
Últimamente, el responsable del DPA ya le advierte a Casadei y al titular de Recursos Hídricos, Adrián Torres, que las consecuencias podrían alcanzar la paralización de la obra por falta de financiamiento. "Río Negro" quiso comunicarse ayer con el superintendente para precisar esa situación, pero no fue posible.
Hace dos meses, el funcionario había advertido esa posibilidad. "Fue remitida con acuerdo de ministros, para su rápido tratamiento. Si se demora mucho, habrá que parar la obra, no será la primera vez", advirtió.
En aquel entonces, Collado requería su aprobación para agosto. En el análisis inicial, el vicegobernador Bautista Mendioroz, conjuntamente con los presidentes de bloques y comisiones, concurrieron a Río Colorado y condicionaron el respaldo a un proyecto simultáneo para otorgarle beneficios en los costos energéticos a los productores y los asentamientos del parque industrial.
El mayor cuestionamiento se concentra en el costo de la obra, a partir que el "contrato original –con IVA– fue de 50,6 millones" y ahora se estima que llegará a los 127 millones, incluyendo el IVA. En agosto, Collado aseguró que se habían cancelado 77.204.576 pesos y restaba pagar 50.000.869 pesos. Ya aclaraba que el monto del financiamiento había bajado de 54 millones a los 50 millones porque el DPA había abonado 4 millones.