Tras idas y vueltas, lo que ayer fue un veto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a la ley de Glaciares hoy es una ley.
El 10 de noviembre de 2008, con mano de hielo, la Presidenta mató un proyecto que buscaba resguardar los recursos naturales de la Argentina, y la consecuencia inmediata fue la crítica generalizada y necesaria. Dos años después, en una situación políticamente distinta, y con el voto a favor de 35 senadores que vencieron a los 33 contrarios a la medida, el 30 de septiembre pasado se sancionó la norma.
Ayer, se incluyó en el Boletín Oficial la ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial bajo el número 26.639, un nuevo instrumento jurídico que resguarda el medio ambiente.
El primer paso concreto que marca la nueva ley es la creación de un inventario nacional de glaciares (artículos 3, 4 y 5), que los individualiza para una correcta preservación. Además, se instituye un sistema de multas (artículo 11) y un listado de actividades prohibidas, entre las que se establece cualquier destrucción de la zona (artículo 6).
Para llegar a la ley se debió debatir entre los proyectos de los diputados Daniel Filmus y Miguel Bonasso, quienes en líneas generales planteaban lo mismo, aunque con mínimos diferentes de protección.
Por su parte el senador nacional Daniel Filmus, impulsor de la iniciativa que se sancionó, ante la aprobación de ambas cámaras, se mostró satisfecho “porque la Argentina merecía contar con una ley que proteja los recursos naturales”.
El legislador por el Frente para la Victoria manifestó que “era necesario que la Argentina contara con una ley que proteja las reservas de agua para nosotros, para nuestros hijos y para las futuras generaciones”.
El eje ahora estará en el control que las autoridades de aplicación realizen sobre las industrias que actualmente operan en los lugares protegidos. Es el caso de las mineras que desde ahora estarán alerta, porque sus zonas de influencia están relacionadas con las zonas resguardadas por la nueva norma, y las disputas millonarias no se han cerrado con la sola promulgación de la ley